En la cumbre de la UE celebrada el 20 de enero, todos los estados miembros a excepción del Reino Unido y la República Checa acordaron la firma del nuevo tratado fiscal, que no sólo establecerá un límite de déficit estructural del 0,5% del PIB, sino que también permitirá al Tribunal de Justicia Europeo actuar si un país no cumple con dicho déficit. Los líderes también concretaron el tratado para el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que ahora entrará en vigor en julio de 2012 en lugar de 2013. Estos cambios propuestos en el tratado no llegan a ser una unión fiscal. En lugar de ello institucionalizan la supuesta asimetría ya existente en la Eurozona, con un impacto mucho más fuerte para los países periféricos.