Son pocos, especializados e invisibles. No descansan y actualizan su técnica constantemente. Son los cazadores del patrimonio de los mafiosos. Unas decenas de personas que en Italia fotografían, anotan, buscan informes catastrales y cuentas corrientes y preparan los informes que servirán para enjuiciar a los jefes mafiosos, narcotraficantes, extorsionadores y delincuentes de guante blanco.
"Si se le plantea a un mafioso elegir entre diez años de cárcel y la pérdida de sus riquezas, no duda: se va a prisión", dice Giuseppe Caruso, investigador en Palermo. En esta ciudad siciliana es donde opera el equipo de la Sección de Medidas Patrimoniales compuesta por ocho personas a las órdenes de la comisario Lisa Iovanna.
"Golpear la riqueza de los mafiosos -añade Caruso-es doblemente importante. Les quita el dinero para pagar a los esbirros y el prestigio, parte esencial de su poder". Aún más, cuando los bienes confiscados se transforman en cuartel u oficina del ayuntamiento. Pero, ¿cómo se llega al momento de confiscar? Los componentes de la Sección de Medidas de Prevención Patrimonial de la Policía de Palermo se lo relatan a Il Sole 24 Ore:
Nada de escuchas telefónicas
"Hasta hace unos años, trabajábamos sobre informes de la Policía o la Fiscalía -explican-. Hoy, trabajamos también con el análisis sobre el terreno, amén de utilizar medios informáticos, seguimientos, fotografías y filmaciones. Sólo podemos utilizar las escuchas o servirnos de las detenciones realizadas por la Fiscalía. Tampoco podemos filmar ni fotografiar dentro de los edificios para no violar la privacidad. Trabajamos para prevenir y no siempre ante delitos comprobados".
"Podemos investigar a todo el que posea bienes sospechosos. Solemos atrapar a alguien desligado de la familia del mafioso porque prefieren que ellos vayan a los tribunales. Nos encontramos con estas figuras en un rompecabezas de nombres y empresas, con bienes que pasan de una cartera a otra, con empleados despedidos de una empresa y contratados en otra, que, a menudo, tienen la misma razón social y el mismo día", afirman.
Cómo seguirlos
"Para descubrir el recorrido de los bienes, intentamos operar a la mayor distancia posible -por medio de cámaras de comercio, archivos notariales y de todo tipo-, pero se trata de papeles no digitalizados. Cuando desmontamos estos artificios, nos preguntamos cómo hacen los que recogen dichos papeles para no percibir que hay algo raro cuando muchas veces la persona que los entrega es un pastor o un jubilado", cuentan.
"Finalizada la investigación, la pasamos al Tribunal, que decide qué medidas preventivas tomar. Pero, si no se hace una denuncia personal al mafioso, el bien confiscado debe ser restituido, porque el secuestro patrimonial no dispone todavía de una vía autónoma, acompaña a una vigilancia especial o a una condena. Si el Tribunal se niega a abrirle una causa personal se queda con los bienes", señalan.
"Vamos siempre a contrarreloj porque, mientras investigamos, los bienes pueden desaparecer, se pueden vaciar las cuentas corrientes o los depósitos. De ahí que para conseguir datos en las oficinas tengamos que exhibir las placas -comentan-. Pero, entre los empleados, puede haber parientes o amigos de las personas investigadas. En las pequeñas empresas se conocen todos. Aquí, en Palermo, en ciertas instituciones el personal se ha mostrado encantado de colaborar, pero como nuestro trabajo dura mucho nuestros interlocutores se ven interpelados: '¿Qué busca la Policía y qué les estáis dando?'".
La herencia lava los bienes
"Si los descendientes del difunto no tienen un perfil criminal acreditado -continúan-, pueden disponer de los bienes heredados, a no ser que demostremos que son fruto de malas artes. Pero, para la ley, la sucesión legaliza el bien, porque el difunto no puede demostrar que dicho bien tiene una procedencia lícita". Un ejemplo. "En Partinico, la comisaría tiene una sede elegante y de piedra. Pertenecía a un capo. El inmueble estaba gravado con una doble hipoteca y pertenecía a los bancos. Como no se pudo probar que el banco actuase de mala fe al dar el crédito al mafioso, el Estado acordó la cancelación de la hipoteca y se quedó con el edificio".
"Alguna vez hemos tenido que secuestrar a un rebaño entero de vacas o disfrazarnos de turistas para seguir a alguien. Si se confisca una construcción en obras no se detiene porque hay familias enteras que viven de ello", dicen. Para estas misiones, la formación de los miembros de la sección es dispar. El que transmite su experiencia y lleva más tiempo en el oficio llegó en 1993, pero todos coinciden en que se aprende con el trajín diario.
La 'movida' de la evasión
"Un banco concedió un crédito hipotecario sobre un inmueble que ya pertenecía al que pedía el crédito. Y éste fue a parar al capital de una empresa. Y puede que no demostremos que es dinero negro porque pertenece a un banco", indican. En otra ocasión lograron demostrar que un supuesto propietario era un testaferro. Éste declaró que había pagado el bien con dinero negro. Y he aquí que la ley obliga al mafioso a demostrar la procedencia lícita del dinero, pero a su testaferro, no.
Los carabinieri y la Guardia de Finanzas tienen dispositivos que sólo entran en acción a petición de la Fiscalía. La policía estatal, en cambio, actúa por iniciativa del comisario. La ley fundamental sobre la confiscación de bienes de procedencia ilícita fue reformada en 1982 y 1992, ampliando la aplicación de medidas preventivas a los delitos de usura, extorsión y narcotráfico. Este plan data de hace 40 años, pero sólo la informática lo tornó efectivo... hace menos de 10 años.
Normas más eficaces para la caza de bienes de los mafiosos deberían ver la luz con el Paquete de Seguridad, pero su trámite se quedó varado. Entre las modificaciones más esperadas: investigaciones sobre las sucesiones hasta los cinco años de la muerte del sospechoso; utilización de métodos más eficaces y veloces, incluidas las escuchas telefónicas; paso de las secciones de prevención patrimonial de la Fiscalía ordinaria a la dirección de los distritos antimafia; posibilidad de requisar también en ausencia de denuncias personales; investigaciones incisivas sobre donaciones y sucesiones; extensión a los testaferros de la obligación de demostrar la procedencia lícita de los bienes o la creación de un registro bancario centralizado.
