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'El Pocero' pide una indemnización de 2,5 millones al mes

Francisco Hernando, el Pocero Foto: Archivo
Francisco Hernando, El Pocero, ha sacado la artillería pesada. Y no precisamente en forma de grúas y camiones, sino con multimillonarias reclamaciones al Ayuntamiento de Seseña, la desértica localidad toledana donde quiere levantar 13.500 viviendas.

El polémico empresario, a través de su empresa Onde 2000, ha pedido al consistorio de Seseña 2,5 millones de euros mensuales por "daños y perjuicios", por el retraso en la tramitación de las viviendas que aspira a levantar en la localidad.

El alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, militante de Izquierda Unida, destapó ayer las exigencias de El Pocero, tras prestar declaración en el juzgado de instrucción número 2 de Illescas (Toledo), en relación a la querella por prevaricación que también ha presentado Hernando contra él. Pero, en este caso, la polémica se centra en el polígono industrial de Los Albañales.

Las multimillonarias reclamaciones de El Pocero llegaron al consistorio de Seseña el pasado lunes y acusaban al alcalde de "dejadez".

Investigación

Fuentes, por su parte, pidió hace seis meses a la Fiscalía Anticorrupción que investigara las posibles irregularidades que rodearon la tramitación de El Quiñón, el PAU donde Hernando quiere levantar 13.500 viviendas. Denuncia que la Fiscalía admitió a trámite. Además, pedía que se investigara las posibles conexiones con José Bono, ex presidente de Castilla-La Mancha; y Eduardo Zaplana, portavoz del PP.

Además, el alcalde de Seseña siempre ha recalcado que el proceso de licitación de viviendas en El Quiñón lleva su curso y no sólo concederá nuevos permisos cuando se tengan garantizadas, previamente, las infraestructuras necesarias para entrar a vivir.

El Pocero ha presentado tres querellas contra Fuentes: dos por calumnias y una última por prevaricación en Los Albañales. El alcalde de Seseña se defiende alegando que su decisión de desestimar la exposición pública de este PAU fue porque antes de su tramitación se debía aprobar el Plan Especial de Infraestructuras.

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