La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, volvió a rechazar este jueves la compra de Banco Sabadell por parte de BBVA poniendo el acento en el rechazo social que suscita y la potencial pérdida de puestos de trabajo. "No puede ser que toda la sociedad catalana, hasta la Iglesia, esté de acuerdo en que esta operación no es correcta y caminemos en esta dirección", afirmó durante la jornada los 'Retos económicos y sociales del sector bancario en España', organizada por el grupo parlamentario Sumar en el Congreso de los Diputados.
"No se puede hacer en contra de todos los actores sociales de Cataluña por una pura centralidad de asentamiento en esa comunidad autónoma. Esto no se puede hacer en democracia", elaboró, expresando especial preocupación por el impacto potencial sobre el empleo.
A su juicio, "no puede aceptarse que en el nombre del mercado se pongan en riesgo miles de puestos de trabajo" recordando que se estima en 4.000 los puestos de trabajo en riesgo de perderse tomando de referencia los 300 millones de euros en sinergias estimados por BBVA al respecto, aunque los sindicatos elevan la cifra a una horquilla entre 7.000 y 10.000.
Sumar ya ha trasladado que exigirá la protección del empleo y las oficinas en el análisis abierto por el ministerio de Economía, junto a garantías de acceso al crédito para pymes y autónomos en condiciones equivalentes a las actuales, la protección de los clientes frente a un eventual deterioro de los servicios financieros y que no se eleve los niveles de concentración bancaria.
Díaz demandó "una reflexión profunda y pública, como bien común sobre estas realidades", argumentando que "no vale todo" y que "la lógica de la rentabilidad privada no puede estar jamás por encima de los derechos económicos que también tienen los ciudadanos y ciudadanas" del país. "Esto es puro mandato constitucional", resumió.
En las mismas jornadas su grupo parlamentario Sumar adelantó que va a presentar una iniciativa legislativa en el Congreso para que la actividad bancaria sea definida como un servicio de interés económico general para que ofrezca a los ciudadanos una cuenta sin comisiones e hipotecas "de tipo fijo, regulado y estable" para proteger a las familias de la volatilidad de los tipos de interés.
El anuncio lo realizó su portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, subrayando que la banca presta un servicio "esencial" para la vida cotidiana de los ciudadanos, lo que exige que asuma una "elevada responsabilidad democrática y social".