Nuevo golpe a Airbnb. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto a la compañía de alquiler el bloqueo inmediato de 65.935 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojados actualmente en su plataforma por contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos..
Según ha informado este lunes el Departamento que dirige Pablo Bustinduy, el Ministerio considera vulnerada la normativa de las diferentes comunidades autónomas donde Consumo ha detectado estos anuncios. En todos los casos se trata de viviendas completas de uso turístico, sin que aparezcan anuncios de habitaciones individuales.
Son tres razones las que justifican la ilegalidad decretada desde la Dirección General de Consumo en su requerimiento la filial en Irlanda de esta multinacional. En primer lugar, los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias normativas autonómicas, lo que supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada.
Además, no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores (empresa o particular), de forma que se desconoce si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no. Y en tercer lugar, los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, práctica que "puede inducir a error o a engaño" a los consumidores.
El TSJM avala a Consumo
Son tres los expedientes remitidos en los últimos meses por el Ministerio en esta materia, que siguen su curso con independencia de las medidas ahora anunciadas. El primero, en diciembre de 2024 contra "una gran plataforma de alquiler de vivienda turística" (Airbnb) por un potencial incumplimiento de la normativa de Consumo sobre la publicidad del número de licencia. para instar a la empresa a bloquear la publicación de esos más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas detectados en su plataforma.
Airbnb recurrió esta acción ante los tribunales para evitar el bloqueo y también este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha pronunciado sobre la primera resolución emitiendo un auto en el que avala las actuaciones de Consumo. En respuesta a lo impuesto por el Ministerio en su primera resolución, el TSJM insta a Airbnb a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos de manera inmediata.
En concreto, los anuncios sobre los que se ha pronunciado el TSJM en el auto afectan a la publicidad de viviendas turísticas que se encuentran en las comunidades de Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco. El ministerio Bustinduy ha calificado como un "gran victoria" en defensa por la vivienda el auto.
La Dirección General de Consumo volvió a la carga en febrero de 2025 y abrió expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por no indicar correctamente la naturaleza jurídica del arrendador.
El ministro Bustinduy ha manifestado públicamente en varias ocasiones que su objetivo es colaborar con las administraciones públicas competentes "para acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos", así como para favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores. En este sentido, el pasado 27 de marzo se abrió el último expediente sancionador por prácticas abusivas contra inquilinos.
En esta línea, Consumo está trabajando en diversas actuaciones complementarias a las que puedan desarrollar otras autoridades, explica el Ministerio, que ha señalado que está "redoblando su compromiso con esta causa" aportando la información que está recopilando la Unidad de Análisis de Consumo y ofreciendo asistencia técnica a otras administraciones para que actúen en esta línea y pongan fin "a los miles de anuncios ilícitos detectados".
Facua-Consumidores en Acción ha celebrado la decisión del Ministerio y espera que esto desemboque en una sanción "contundente" para la plataforma. En un comunicado, la asociación señala que, según su visión, estas prácticas de Airbnb atentan contra la legislación vigente y contribuyen a "potenciar los alquileres ilegales tanto por parte de profesionales como de particulares".
