Especial Infraestructuras
Tribuna escrita por Laura Cózar, socia en Accuracy
Las empresas españolas de infraestructura llevan décadas liderando el mercado internacional con proyectos de gran envergadura. De acuerdo con las previsiones a final de 2024, los seis principales grupos: Sacyr, Ferrovial, FCC, ACS, Acciona y OHLA, presentaron el año pasado resultados financieros generalmente positivos, con ventas combinadas por encima de los 70.000 millones de euros y una cartera total de más de 200.000 millones de euros.
En los últimos años, han consolidado su presencia en mercados como Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia-Pacífico, adjudicándose contratos multimillonarios en sectores clave como el transporte, agua, energía y la digitalización.
Entre ellos destacan numerosos proyectos con presupuestos de más de mil millones de euros, como la renovación del aeropuerto JFK (con participación de Ferrovial), el túnel de Western Harbour en Australia (desarrollado por Acciona) y el metro de Riad (a cargo de FCC), además de otros tantos desarrollados en grandes consorcios, como la autopista I-10 en Luisiana (adjudicada a Sacyr y Acciona).
La trayectoria de estas compañías, desde actores nacionales con cierta huella en Europa hasta convertirse en potencias internacionales, es una historia notable de expansión audaz. La globalización, inicialmente nacida de la necesidad tras la crisis financiera de 2007 que colapsó el sector, se ha ido consolidando sustentada en la capacidad técnica, solidez financiera y capacidad de adaptación de nuestras empresas.
La primera era de expansión se caracterizó por un crecimiento dinámico y un mayor apetito por el riesgo, centrada en ganar cuota de mercado y alcanzar un posicionamiento más global. Las crisis económicas, la inestabilidad política, los cambios regulatorios y la proliferación de las disputas contractuales fueron desafíos que dejaron lecciones aprendidas y catalizaron una profunda evolución.
Como asesores de estas compañías constatamos que la gestión de riesgos se sitúa ahora firmemente en el centro de la toma de decisiones estratégicas. A lo largo de años hemos ido observando cómo casi todas han apostado decididamente por la sofisticación de sus procesos internos de evaluación de riesgos, que aplican ahora con más rigor a la selección de oportunidades, preparación de ofertas y al seguimiento y control de proyectos.
Consecuentemente, vemos cómo las empresas se han vuelto más selectivas en cuanto a los proyectos y países que persiguen; realizan due diligence más exhaustivas que, además de la viabilidad técnica, analizan en mayor profundidad el clima político, la estabilidad jurídica y regulatoria, los impactos sociales y ambientales; emplean técnicas de modelización y evaluación de riesgos más refinadas, incorporando primas de riesgo más altas y contingencias cuantificadas con más rigor en sus proyecciones financieras.
Además, con la costosa experiencia forjada en arbitrajes y litigios, ponen mucho más foco en la negociación de los contratos. Se busca que contengan una asignación clara de riesgos, mecanismos de protección ante imprevistos o materialización de riesgos no asignados, así como una cláusula de resolución de disputas bajo reglas internacionales administradas por una institución confiable y en sede neutral. Por último, cada vez optan más por la creación de alianzas para compartición de riesgos, particularmente en grandes proyectos con acusadas complejidades locales.
En abril de 2025, días después del anuncio por parte del presidente de los Estados Unidos de un programa de aranceles que desplomó los mercados y cuya incertidumbre persiste, con varios países de América Latina, como México, Colombia y Perú atravesando profundas crisis políticas y sociales y con Europa buscando su rumbo, el tablero de juego internacional es desafiante.
La percepción del riesgo país ya no se limita a los mercados emergentes tradicionalmente volátiles, sino que se ha convertido en una preocupación generalizada. El contexto operativo global presenta una matriz de riesgos más compleja: tensiones geopolíticas, el creciente nacionalismo que conduce a políticas proteccionistas, las disrupciones en la cadena de suministro y los crecientes riesgos asociados con el cambio climático han aumentado la incertidumbre en prácticamente todas las geografías.
Este incremento generalizado del riesgo ha motivado que, en la última década, los proyectos de infraestructura se hayan encarecido significativamente debido a una combinación de factores: aumento de precios de materiales y volatilidad en cadenas de suministro, incertidumbre macroeconómica, escasez de mano de obra cualificada, exigencias ambientales, implementación de avances tecnológicos etc.
Este aumento de precios va a suponer un auténtico reto en el futuro para la provisión pública de infraestructuras, que a nivel mundial presenta aún un infrastructure gap que se estima en el entorno de más de 15 millones de millones de euros según el Global Infrastructure Hub (GI Hub - G20 Initiative).
En conclusión, las empresas españolas de infraestructura han demostrado adaptabilidad en un entorno complejo y competitivo. Se espera que continúen siendo actores clave, posiblemente enfocándose en mercados o proyectos más seguros. Su capacidad para gestionar riesgos y ejecutar proyectos complejos asegura su relevancia continua, aunque con ofertas económicas que reflejen adecuadamente la realidad y las incertidumbres del panorama global actual.
