Las concesiones sanitarias valencianas aprueban el examen: cuestan un 25% menos

Ni el grado de satisfacción de los usuarios, ni el tiempo de las listas de espera, ni mucho menos el coste real por paciente justifican la decisión del Gobierno de la Comunidad Valenciana de no prorrogar los contratos concesionales de los cinco departamentos concertados, que se hará efectiva en primer lugar el 31 de marzo de 2018 en Alzira y la comarca de la Ribera, gestionadas por el grupo Ribera Salud. | Más noticias en el suplemento gratuito elEconomista Sanidad.

El informe de auditoría de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana sobre la gestión del Hospital de Manises (Valencia) y su área de Atención Primaria vacía de argumentos económicos y asistenciales al Ejecutivo regional, revela que su paso a la gestión pública costará dinero a los contribuyentes y tendrá un fuerte impacto presupuestario, por lo que el Ministerio de Hacienda podría tener la última palabra.

La gestión privada del departamento de Manises por parte de Sanitas ha ahorrado, de hecho, el 25% del gasto corriente sanitario público, 42,5 millones de euros anuales, en relación con otros hospitales comarcales del mismo tamaño de control directo. O, lo que es lo mismo, la gestión pública de la población protegida del departamento de Manises "implicaría un mayor desembolso anual por gasto corriente sanitario en torno a 42,5 millones de euros", según detalla el informe del órgano fiscalizador que analiza las cuentas de la concesión entre 2009 y 2015.

El coste por habitante protegido de Manises se situaría en 721 euros, de los que cerca de 47 euros son por inversiones, frente al coste de 894 euros de gasto de otros departamentos con hospital comarcal. La decisión del Gobierno tripartito de no prorrogar los contratos se fundamentaría, por lo tanto, solo en razones políticas o ideológicas y no en los "términos de eficiencia, eficacia y economía de la concesión", analizados por el Tribunal de Cuentas autonómico.

El gasto corriente per capita de las cinco concesiones ascendió en 2015 a 742 euros al año, según el informe. Si se compara esta cifra con los 873 euros per capita que cuesta la asistencia sanitaria en los departamentos comarcales de la sanidad valenciana que cuentan con una población protegida homogénea, el ahorro que procura la gestión privada se sitúa en 131 euros por cada una de los 895.003 personas cubiertas por este modelo. En total, la sanidad valenciana se estaría ahorrando 117,2 millones de euros anuales gracias al sistema concesional.

Precisamente la falta de argumentos económicos y asistenciales, además de las normas impuestas en el proceso de reversión iniciado de la concesión del Departamento de Salud de La Ribera, han motivado el recurso que Ribera Salud, el grupo empresarial que gestiona cuatro hospitales (Alzira, Torrevieja, Denia y Vinalopó), ha interpuesto contra la Administración valenciana a través del despacho de Cuatrecasas. El grupo defiende la suspensión de dichas normas por entender que son "medidas tomadas unilateralmente" que pueden "paralizar la gestión" del departamento de salud.

Batalla judicial

La batalla judicial contra la reversión de la gestión de las concesiones "no es fácil que prospere", como señala a elEconomista Juan Eduardo García Osca, de Olleros Abogados. "La decisión de la Administración de optar por uno u otro modelo es discrecional y la capacidad de un tribunal para controlar las potestades arbitrales es muy limitada", recuerda este especialista en Derecho Público.

El Gobierno valenciano sí tendrá que correr con el coste laboral y económico que supone no prorrogar la concesión de La Ribera. La decisión compromete el empleo de los 1.800 profesionales que disfrutan en el 95% de los casos de un contrato indefinido y que pasarían a una nueva categoría laboral como indefinidos "no fijos", que para Sanidad Solo Hay Una', la asociación que defiende el modelo Alzira, se equipara a la categoría de temporal.

La Administración tendrá que asumir además un mayor gasto -se estima que al menos 20 millones directos al año- derivado de la gestión pública directa de este departamento de salud en 2018 e invertir las cantidades comprometidas por la empresa concesionaria. Solo en el periodo 2018-2023, Ribera Salud había comprometido un desembolso de 25 millones de euros en la Ribera en nuevos equipamientos, como la construcción de un centro de salud, entre otras dotaciones ya programadas por el grupo.