El Gobierno va a intentar que la farmacéutica alemana Grünenthal pague indemnizaciones a las víctimas españolas de la talidomida, aunque este caso ya se cerró en los justicia española en el año 2015 al considerar los jueces que había prescrito.
Ahora, el Ministerio de Sanidad ha anunciado la creación de un comité de valoración y seguimiento para diagnosticar en España a los afectados de talidomida, el fármaco que tomaron en España un buen número de embarazadas entre los años 1960 y 1965 y que causó malformaciones a niños nacidos en aquellos años.
Para la asociación de afectados en España, Avite, la creación de este comité es un paso fundamental para poder tener un registro de afectados por este fármaco, la clave para poder recibir indemnizaciones por parte de la farmacéutica alemana. "Se va a crear un Comité de Valoración y Seguimiento para diagnosticar en España quiénes son los afectados de talidomida, para dar cumplimiento a la proposición no de ley (PNL) que se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados en noviembre del año pasado", explica José Riquelme, presidente de Avite.
En la actualidad, según la asociación, sólo hay 24 víctimas de la talidomida reconocidas por el Estado, aunque a nivel autonómico han sido reconocidas otras 50 en Andalucía, mientras que la asociación dispone de un censo total de 500 en todo el territorio nacional.
El compromiso para crear este comité surgió tras una reunión mantenida la semana pasada entre representantes de Avite con el secretario general de Sanidad, José Javier Castrodeza, y el director general de Discapacidad, Borja Fanjul. Posteriormente, fuentes del Ministerio de Sanidad han asegurado a los representantes de la asociación que la creación de este comité de expertos será uno de los puntos prioritarios a abordar en el próximo Consejo Interterritorial, la reunión periódica de todos los consejeros de salud regionales.
200 millones en juego
La filial española de la farmacéutica alemana Grünenthal se libró en su momento de tener que indemnizar con cerca de 200 millones al grupo de pacientes españoles. La Audiencia Provincial de Madrid anuló una sentencia previa de un Juzgado de Primera Instancia de Madrid al considerar que los hechos enjuiciados estaban ya prescritos. El Tribunal Supremo, posteriormente, también avaló esta decisión.