Tras casi un año de parálisis normativa, donde sólo se ha aprobado una nueva Orden de Precios de Referencia, que entró en vigor el pasado 1 de octubre, hay numerosos proyectos pendientes, si bien la excesiva temporalidad de la sanidad denunciada en distintas sentencias por el Tribunal de Justicia de la UE reclama la máxima atención de las autoridades sanitarias.
La nueva ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, tendrá que retomar los primeros contactos que inició su predecesora, Fátima Báñez, en la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
El 17 de octubre, Báñez, como ministra interina, se había sentado con los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, así como con los presidentes de CEOE y Cepyme para abordar las consecuencias de las sentencias europeas en el ámbito laboral español.
Fruto de la reunión con los representantes autonómicos son los compromisos asumidos para reducir la actual tasa de temporalidad del sistema público. Y es que cerca de 170.000 trabajadores del sistema público ejerce con un contrato temporal o interino. Una precariedad laboral que ha sido y sigue siendo la norma en las contrataciones del sector. En los primeros nueve meses del año, se habían firmado 279.219 contratos sanitarios cuya duración no superaba la semana, según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Conflicto entre médicos y enfermeros
Además del empleo, hay numerosos proyectos legislativos pendientes en el cajón del Ministerio de Sanidad y conflictos heredados de su antecesor en el cargo, Alfonso Alonso, como la llamada prescripción enfermera. El Consejo General de Enfermería (CGE) confía resolver la actual situación que ya ha generado problemas en la campaña de vacunación en algunas comunidades como Galicia gracias a la incorporación de la Directiva 2013/55/EU sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales a la legislación española.
La Comisión Europea ya ha apercibido a España, entre otros 13 países, por no trasponer a tiempo esta Directiva y acumular ocho meses de retraso. El Gobierno español dispone ahora de dos meses para notificar la incorporación completa de la Directiva; de no hacerlo, la Comisión podría llevarlo ante el Tribunal de Justicia de la UE, y el CGE ya ha adelantado que denunciará al Ejecutivo si no cumple.
Aparte de facilitar la movilidad de los enfermeros españoles que deseen trabajar en la Unión Europea, la directiva es de "vital importancia para solucionar el tema de la prescripción enfermera", aseguran los enfermeros. Como recuerda Máximo González Jurado, presidente del CGE, "esta directiva nos abre la puerta de la prescripción en toda su amplitud, es decir, igual que pueden hacerlo médicos, odontólogos y podólogos, al reconocer el diagnóstico enfermero dentro de nuestras propias competencias".
Acceso universal
La debilidad del nuevo Gabinete, sostenido con el apoyo de Ciudadanos y la abstención de los socialistas, obligará a la nueva titular de Sanidad a ser receptiva con una de las reclamaciones que la oposición ha hecho bandera durante la pasada legislatura, como es recuperar el acceso universal a los servicios sanitarios en función de la ciudadanía o de la inscripción en el Padrón municipal, que la reforma sanitaria de 2012 convirtió en un sistema de aseguramiento que, en el caso de los inmigrantes ilegales, restringió su acceso a los servicios y situaciones de urgencias.
En el sector farmacéutico se espera igualmente con gran expectación el Real Decreto por el que se regula la financiación y fijación de precios de medicamentos y productos sanitarios y su inclusión en la prestación farmacéutica del SNS. Será un oportunidad para introducir medidas de control del gasto farmacéutico que frenen la tendencia alcista de los tres últimos ejercicios, sobre todo en el ámbito hospitalario.
Sanidad prepara un exhaustivo informe de alegaciones, una vez superado el trámite de audiencia de este decreto que es clave para regular distintas fórmulas de financiar la innovación a través, por ejemplo, de los techos y presupuesto de gasto o los acuerdos de riesgo compartido, entre otras, así como para lanzar un medidor del grado de innovación que incorporan los nuevos tratamientos y tecnologías. Una de las soluciones innovadoras en las que está trabajando Sanidad es definir el nivel de innovación de los nuevos tratamientos y medicamentos mediante escalas numéricas o alfanuméricas, que informen del nivel de resultados aportado por la innovación farmacológica en el momento en que se emite su autorización de comercialización.
El director general de Cartera de Servicios y Farmacia, Agustín Rivero, aprovechó una de sus últimas intervenciones para proponer una revisión del marco legal de los medicamentos biosimilares dentro del articulado del decreto de precios y financiación.