¿Cuánto cuestan las citas médicas canceladas por el paciente sin previo aviso? ¿Y los medicamentos caducados que se tiran al punto Sigre? El Gobierno no ofrece cifras sobre el mal uso que muchos asegurados hacen de los servicios sanitarios, bien por no acudir a la cita programada con el médico de familia, el especialista, la prueba diagnóstica o por recurrir a Urgencias sin justificación. Tampoco se ha calculado, por tanto, su impacto económico y solo se puede tantear esta realidad por los datos aportados por algunas regiones y también por los profesionales. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Sanidad
Los médicos españoles de la Organización Médica Colegial han situado así el número de citas que los especialistas no atienden al año por faltar los pacientes en el 25% de las 77,6 millones de consultas atendidas en 2013. Un porcentaje que comunidades como Castilla-La Mancha reducen al 15% o el 10% en el caso de Castilla y León, niveles que se sitúan por debajo del 5% en la Comunidad Valenciana o Madrid.
En este último caso, el Servicio Madrileño de Salud registró un 6% de ausencias en todas las citas solicitadas de consultas médicas en Atención Primaria en 2014, el mismo porcentaje en Pediatría (6,3%) y algo más bajo en Enfermería (4,48%). Un porcentaje de no asistencia sin previo aviso que se elevó hasta el 9,5% del total de 12,1 millones de consultas especializadas registradas por la sanidad madrileña en 2014.
De lo que no hay duda es que se trata de un problema que preocupa a gestores y profesionales por los millones de consultas que se atienden al año. Países como el Reino Unido están buscando soluciones, conscientes de que una ligera corrección en este terreno supone un gran paso en eficiencia y ahorro para los sistemas de salud.
77 millones de consultas
No hay que olvidar que sólo en España se realizaron 77,6 millones de consultas por los médicos especialistas, se atendieron 20,5 millones de urgencias, se produjeron 4 millones de altas hospitalarias, se realizaron 375 millones de consultas en Atención Primaria o se recetan más de 875 millones de recetas, según datos del Ministerio de Sanidad.
El presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, abrió este debate el año pasado al proponer la fijación de multas ante los casos de abuso desproporcionado y reiterado de, por ejemplo, las visitas a las urgencias hospitalarias. "Yo nunca pondría un copago por ir al médico; pondría un pago por utilizar mal los servicios sanitarios", al igual que "multan por ir por la carretera cuando se pasa de 120 kilómetros por hora", señaló el presidente de los médicos españoles durante un foro de Nueva Economía.
Unas manifestaciones que tan solo sirvieron para generar una polémica estéril porque, al final, sigue pesando más el temor al precio político que hay que pagar por cualquier medida impopular que el daño y coste evidente que el mal uso de los servicios sanitarios causa al sistema y a sus principales afectados, los propios pacientes.
Y es que saltarse la lista de espera buscando la vía rápida de Urgencias satura estos servicios y perjudica a quienes los necesitan. Lo mismo ocurre cuando no se acude a la cita con el especialista, que acaba repercutiendo en el aumento de las listas para desesperación de los pacientes.
Descartan penalizar a los pacientes
Lo que está completamente descartado es penalizar a los pacientes. Las estrategias de salud buscan una implicación activa de los ciudadanos en su salud a través de campañas de información, bien recordando a los pacientes sus citas a través de mensajes de texto, como hace el Servicio Madrileño de Salud, o bien mediante carteles y campañas de concienciación ciudadana que casi todos los sistemas de salud están poniendo en marcha sin que se conozcan los resultados de estas iniciativas.
El Ministerio de Sanidad tiene previsto formalizar en los próximos meses un gran acuerdo con los pacientes para "hacerles partícipes de la consecución de avances en todos los ámbitos", según ha avanzado el ministro Alfonso Alonso. El objetivo es lograr "un paciente implicado en la autogestión de su propia salud, en el uso racional de los recursos disponibles en el sistema sanitario". "Un paciente activo que adquiera cada vez en mayor medida la condición de agente en el Sistema Nacional de Salud". Fuera de esta grandilocuencia, el pacto no recoge ninguna medida que apunte a responsabilizar activamente al paciente en el buen uso de los servicios sanitarios a través de multas o copagos evitables.
Los expertos de la Fundación Economía y Salud también han abogado recientemente por incorporar al paciente en el diseño y seguimiento de su proceso asistencial. Aparte de transparencia en la información, el ciudadano debe también "responsabilizarse de su salud", sostiene este grupo experto.
