El Ministerio de Sanidad y las CCAA han llegado a un acuerdo este lunes para aprobar el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027. Una de las medidas más destacadas es la desburocratización de la carga asistencial de los médicos a través de la 'autobaja', siempre que sea por enfermedad leve.
No obstante, la medida solamente está esbozada, ya que García ha recordado que aún está en conversaciones con el Ministerio de Trabajo y con el de Seguridad Social; así como con los agentes sociales para poder implementarlo. Se trata de una propuesta que ya se lanzó en el pasado enero, en pleno pico de la temporada de gripe, pero que no se había trasladado a ningún Plan hasta ahora.
"Hay profesionales sanitarios que dedican el 30% de la agenda a estos trámites burocráticos. La medida vendría a facilitar que puedan dedicarlo a tareas asistenciales", ha declarado la ministra al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que reúne al departamento con las CCAA.
De esta forma, muchas áreas de la Estrategia se irán registrando en diferentes legislaciones y acuerdos. Además, el plan introduce la figura del "administrativo en salud", que permitirá descargar a los profesionales sanitarios de tareas administrativas, liberando tiempo para la atención a los pacientes.
Uno de los objetivos principales de la Estrategia es impulsar la longitudinalidad, es decir, tratar de que el mismo especialista atienda al paciente durante toda su vida. "Para eso tenemos que retener a los profesionales. Si el 80% de los contratos que se ofrecen son de menos de 6 meses, desperdiciamos el talento", ha criticado.
Por otro lado, otra de las novedades que contempla el documento tiene que ver con la incorporación de otros profesionales, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, nutricionistas, trabajadores sociales, podólogos, ópticos/optometristas y farmacéuticos, al equipo de Atención Primaria.
Asimismo, el plan también propone una actualización de la cartera de servicios de la Atención Primaria para incluir nuevos procedimientos diagnósticos y ampliar la atención bucodental, "con especial énfasis en la prevención y en la atención a colectivos vulnerables". Además, tal y como se recoge en la Estrategia Farmacéutica, presentada recientemente, se promocionará la investigación en este nivel asistencial.
El Plan de Acción 2025-2027 contará con un presupuesto finalista y se establecerá un sistema de evaluación y seguimiento para monitorizar el progreso del plan y asegurar el cumplimiento de sus objetivos.
Registro de objetores de conciencia en aborto
Por otro lado, tal y como se recogía en el orden del día, el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) también ha aprobado el Protocolo para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia, en cumplimiento con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). "Ya no hay excusas para incumplir la ley. Hemos designado los criterios mínimos de las CCAA, y este acuerdo ha salido con consenso", ha recalcado.
Este protocolo tiene como objetivo principal garantizar el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, "al mismo tiempo que se asegura el acceso a la IVE en todo el territorio nacional", según Sanidad.
De esta forma, cada comunidad autónoma deberá crear un registro propio en el que solo se incluirá al personal que interviene directamente en el proceso: médicos especialistas en ginecología y obstetricia, anestesiología y reanimación, medicina familiar y comunitaria, enfermeros y matronas.
El registro contempla que los profesionales puedan oponerse de manera total o parcial, según diferentes situaciones. Entre estas circunstancias se encuentran el caso de que se interrumpa el embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación; por causas médicas, que no se superen las 22 semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada; por causas médicas, que no se superen las 22 semanas de gestación y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto; cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico.
