Madrid
El próximo lunes, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se dirigirá ante el Defensor del Pueblo para denunciar que las clínicas privadas están retrasando y suspendiendo citas médicas de Muface. Es más, está pidiendo a los funcionarios que se sufraguen ellos mismo los tratamientos si quieren ser atendidos.
Además, trasladarán al órgano la preocupación por la situación de "inseguridad y alarma" en la que se encuentran los mutualistas y beneficiarios, ya que se está viendo amenazado su derecho a la protección de la salud y su asistencia médica en las condiciones "legalmente establecidas". "La situación es especialmente preocupante, ya que muchas de las quejas recibidas son de personas que padecen algún tipo de enfermedad crónica o de cierta gravedad", ha asegurado el CSIF.
Asimismo, el sindicato acudirá el próximo miércoles, es decir, el 11 de diciembre al Congreso de los Diputados para registrar "las centenares" de quejas recibidas por los mutualistas. El objetivo es que los grupos parlamentarios sean conscientes de la situación y presenten iniciativas parlamentarias en defensa del mantenimiento del modelo de Muface.
Además, ha convocado manifestaciones para el 14 de diciembre en Madrid. Defenderán su derecho a la protección de la salud y su asistencia médica a través del concierto sanitario. "CSIF no va a permitir que se juegue con la salud de 1,5 millones de mutualistas y beneficiarios, por lo que no descartamos nuevas movilizaciones, como paros parciales o incluso un paro total en la Función Pública", ha recalcado.
Hoy en día, hay mucha incertidumbre sobre Muface. A principios de noviembre, DKV, Asisa y Adeslas decidieron no presentarse al concierto de asistencia sanitaria, como había hecho en años anteriores, debido a que las condiciones económicas ofertadas no eran las suficientes.
Ante este escenario, el Gobierno decidió abrir una consulta preliminar, que terminó ayer, para lanzar una nueva licitación y cubrir la asistencia sanitaria privada para 2025 y 2026. En esta consulta, DKV ha pedido subir la prima un 40,6% y que la duración del nuevo convenio sea de un año, mientras que las otras dos aseguradoras no han hecho público el incremento solicitado.
