Salud

El Gobierno autoriza el proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud

  • El texto tiene el objetivo de recuperar el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones
  • El Ejecutivo distribuirá 38,5 millones entre las comunidades autónomas para la salud mental
La ministra de Sanidad, Mónica García
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El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) del Ministerio de Sanidad. Este quedó aplazado con la convocatoria de las elecciones generales en 2023 y la disolución del Parlamento. Es más, Carolina Darias llevó a cabo el primer intento hace casi dos años.

El fin de este proyecto es "recuperar el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones para las personas españolas que residan en el extranjero, para los extranjeros que vienen por reagrupación familiar y para toda persona residente en España con independencia de su condición administrativa mediante la revisión de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del SNS", indica el Ministerio de Sanidad.

El proyecto aprobado por el Ejecutivo amplía el derecho a la atención sanitaria de las personas con nacionalidad española que viven en el extranjero, desplazadas temporalmente a España y a los familiares que los acompañen, siempre y cuando "no tuvieran prevista dicha cobertura de acuerdo con los reglamentos comunitarios o los convenios bilaterales que comprendan la prestación de asistencia sanitaria".

Además, se extienden los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria a las personas ascendientes reagrupadas por hija o hijo titular del derecho a la asistencia sanitaria en el sistema sanitario, cuando estén a su cargo y siempre que no exista un tercero obligado al pago de dicha asistencia.

También incluye el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas titulares del derecho durante su permanencia en España a personas solicitantes de protección internacional, solicitantes y beneficiarias de protección temporal, víctimas de trata de seres humanos cuya estancia temporal en España haya sido autorizada durante el periodo de restablecimiento y reflexión, y personas no registradas ni autorizadas como residentes en España. En este último caso, el Ministerio de Sanidad apunta que "la asistencia será con cargo a los fondos públicos de las administraciones competentes siempre que se cumplan los siguientes requisitos: no tener la obligación de acreditar cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen y no existir un tercero obligado al pago".

Todos lo grupos mencionados se incorporan al sistema para que no tengan que pagar el cien por cien de los medicamentos.

Asimismo, el proyecto de Ley recupera la "cartera común de servicios única". Según ha explicado la ministra de Sanidad, "agrupa la cartera común básica de servicios asistenciales, la cartera común suplementaria y la cartera común de servicios accesorios y se garantiza que no se puedan incluir nuevos copagos", incluyendo también la salud pública.

"Con esta ley se pone fin a los recortes que llevó a cabo el PP y viene a garantizar el aprendizaje de la pandemia donde entendimos que no estaremos a salvo hasta que no estemos todos a salvo", dijo la ministra de Sanidad, Mónica García, tras el Consejo de Ministros en la rueda de prensa.

Una partida de 38,5 millones para la salud mental

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado, con carácter previo a la convocatoria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), una inversión de 38,5 millones para la salud mental. Esta se repartirá entre las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Comunidad Foral de Navarra) y el Ingesa (Ceuta y Melilla) en un 5 % de manera lineal, aplicando un importe mínimo a cada territorio; y un 95 % distribuido por criterios poblacionales.

La mayor partida corresponde a Andalucía (7 millones), seguida de Cataluña (6,5 millones); Madrid (5,6 millones); Comunidad Valenciana (4,3 millones); Galicia (2,3 millones); Castilla y León (2 millones); Canarias (1,9 millones); Castilla-La Mancha (1,8 millones) y Murcia (1,3 millones).

Después, le siguen Aragón (1,2 millones); Baleares (1 millón); Extremadura (973.000 euros); Asturias (935.000 euros); Cantabria (594.000 euros); La Rioja (381.000) e Ingesa (Ceuta y Melilla, a las que corresponden 257.000 euros.

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