Salud

El Estado pagará más por la tecnología sanitaria tras la subida de los costes

  • Las compañías deberán demostrar incrementos del 20% en sus materias primas
  • El sector ve difícil el poder acceder a los indicadores de precios de suministros

Desde que llegó la pandemia y, posteriormente, la guerra de Ucrania, la escalada de precios de las materias primas y la energía han sido una constante. El sector de la tecnología sanitaria negociaba desde hace meses con las administraciones una adecuación de los contratos marco para ajustarlos a la realidad actual. Los contactos han fructificados y ahora se revisarán los acuerdos de suministro, según ha podido saber elEconomista por fuentes cercanas a la negociación.

Sin embargo, no todo será tan fácil para las empresas que fabrican los equipos que se emplean en los hospitales. Para poder adecuar los precios a los costes actuales deberán poder demostrar que el incremento motivado por las subidas de las materias primas superan el 20%.

"Podrá admitirse la revisión de precios en los contratos que no sean de obras, de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas o de suministro de energía, aunque su período de recuperación de la inversión sea inferior a cinco años siempre que la suma de la participación en el presupuesto base de licitación del contrato de las materias primas, bienes intermedios y energía que se hayan de emplear supere el 20% de dicho presupuesto", dice la reforma de ley.

Preguntado por este periódico, el sector ve con buenos ojos la reforma legislativa. Sin embargo, creen que el poder demostrar ese porcentaje de incremento será difícil. "El Sector de Tecnología Sanitaria valora muy positivamente este avance normativo, si bien considera importante tener en cuenta que la medida plantea un complejo sistema de ejecución, al vincular la revisión de los precios de los contratos a determinados indicadores públicos de las materias primas cuyo acceso es limitado. Por ello, continuaremos trabajando con los expertos en contratación pública para explorar fórmulas que favorezcan una adecuada implementación de la nueva normativa de indexación", explican desde la patronal Fenin.

Si bien la norma no tendrá carácter retroactivo, hay vía de escape para algunos contratos firmados hace años. Según ha sabido eleconomista.es, será posible rescindir un contrato y adecuarlo a la nueva realidad si hay acuerdo entre partes.

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