Las facturas comprometidas con la industria de la tecnología sanitaria vuelven a quedarse en los cajones de las administraciones autonómicas, como ya ocurriera cuando estalló la gran crisis de 2008.
A cierre del presente año hay 1.120 millones de euros pendientes de cobro, una cifra que supera en un 51% a la que existía a cierre del año pasado (742 millones). "En un momento de crisis de suministro y de altísimos costes de energía se ha incrementado esta deuda, impidiendo que llegue liquidez a las empresas", explica la secretaria general de la patronal Fenin, Margarita Alfonsel.
Pero este no es el único indicador que se ha deteriorado a lo largo de 2022. Cuando se cerró el ejercicio pasado, el periodo medio de pago se situaba en los 49 días. Ahora, el retraso se ha duplicado, pasando a un promedio de 95 días (un 94% más).
La situación preocupa en el sector porque se trata de un elemento añadido a la subida de costes generales. "Estamos insistiendo mucho a las comunidades porque tienen que cumplir los compromisos asumidos, sobre todo porque hay una ley que marca los términos de pago", añade Alfonsel. Por citar algunos ejemplos, los precios industriales se dispararon un 45% respecto a su tasa interanual. En esta misma línea, se asiste al periodo de mayor incremento del coste de la electricidad durante el último lustro (87,12 euros/MWh en mayo de 2022 frente a 74,09 euros/MWh en mayo de 2021). El precio del transporte en mayo de 2022 aumentó un 2,9% respecto a abril, situándose su tasa interanual en el 14,9%, presentando una inflación acumulada del 9,8%.
Hay que recordar que el incremento de costes ya ha supuesto para el sector un grave problema, ya que hay muchos contratos marco firmados antes de la pandemia y que se extienden hasta 2024. De hecho, una de las peticiones de la patronal al Gobierno es poder desindexar estos contratos para trasladar parte del incremento de estos costes.
