El Gobierno de España, de la mano del Ministerio de Igualdad, confirma un borrador que incluye cuestiones relacionadas con el derecho a la salud menstrual, como las bajas por reglas dolorosas. Según informa Cadena SER, medio que ha tenido acceso al documento, el texto se presentará el próximo martes en el Consejo de Ministros y estipula que las bajas por reglas dolorosas sean de tres días. La garantía en el acceso a productos para la menstruación desde los centros educativos, en caso de aprobarse el borrador, será otro hecho.
Las mujeres en riesgo de exclusión (pobreza menstrual) y todas aquellas que se encuentran en prisión tendrán acceso gratuito a los productos para la menstruación. Cuestiones como la eliminación del IVA para artículos de higiene femenina y la baja laboral para la interrupción del embarazo son recogidas en el anteproyecto de ley.
El ejecutivo también baraja la posibilidad de modificar la ley de aborto para permitir a las jóvenes de 16 y 17 años interrumpir su embarazo sin necesidad de obtener el permiso de los padres a través del sistema público de salud. La nueva ley pretende que el aborto se realice en centros públicos o en clínicas privadas acreditadas, pero de forma excepcional.
Los plazos se mantienen y garantizan un aborto libre y a petición de la mujer dentro de las 14 semanas de gestación. A partir de esa fecha y hasta la semana 21, se podrá realizar la interrupción por causas médicas (malformación del feto o peligro para la vida de la madre). Esto se conoce como aborto terapéutico.
El anteproyecto de ley también garantiza la financiación pública de los anticonceptivos hormonales y de la píldora del día después. La distribución en institutos vinculada a campañas de educación sexual será gratuita.
Los vientres de alquiler es otra de las cuestiones abordadas. De este modo, la ley considerará los vientres de alquiler, práctica ilegal en España, como una forma de violencia contra las mujeres, por lo que prohibirá la publicidad de las agencias con sanciones. El ejecutivo da un paso al frente y afirma que los tribunales tendrán potestad para perseguir a las parejas que recurran al extranjero para la gestación subrogada.
