
España es uno de los países donde más ha aumentado la preocupación por la salud mental. Y es que se estima que el 34% de los españoles han experimentado o van a padecer una enfermedad con estas características. Las más prevalentes son la ansiedad, los trastornos del sueño y los depresivos. Ante este escenario, las farmacéuticas exigen que toda la cartera terapéutica esté disponible para los pacientes, según el informe del Comité de Expertos para la Salud Mental de Farmaindustria.
Poner a disposición de los pacientes todas las opciones terapéutica implica no solo aumentar la oferta de los recursos. También es necesario realizar los ajustes necesarios en la planificación y dotación de recursos humanos y económicos para que las terapias estén disponibles en tiempos de espera razonables y con la intensidad y duración adecuadas a las necesidades clínicas en los pacientes.
En España se ha incrementado el consumo de algunos psicofármacos en los últimos años. Por ejemplo, los antipsicóticos sigue en aumento. Según los últimos datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), en 2023 se registraron 14,35 dosis por 1.000 habitantes al día, mientras que en 2022 fueron 14,18 dosis. El uso de antidepresivos también se incrementó hasta las 99,27 dosis diarias.
En la otra cara de la moneda, el consumo de ansiolíticos y sedantes sí ha disminuido hasta las 90,05 dosis. También se ha reducido el uso de hipnóticos y sedantes, pasando de 34,21 en 2023 a 33,73 en 2023.
Los psicofármacos han demostrado eficacia en el control de los síntomas y en la calidad de vida de los pacientes con trastorno de salud mental. La Organización Mundial de la Salud señala que este tipo de medicamentos deben estar siempre disponibles en todos los niveles de la atención de la salud y mejorar el acceso a ellos en un componente clave para facilitar y agilizar el acceso a servicios de atención de salud mental eficaces.
Carga económica
Los sistemas de salud de cada país y la sociedad en su conjunto dedican de media 430.000 millones de euros al año a los problemas de salud mental. De ellos, más de una cuarta parte podría ahorrarse e invertirse en otras áreas, según recoge el informe.
La Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indican que las patologías mentales tienen un coste equivalente al 4% del PIB de los países de la UE (más de 600.000 millones). En España, este coste supone el 4,2% del Producto Interior Bruto.
De igual importancia, se estima que la media europea de los recursos económicos destinados a la salud mental representa a penas el 5,7% del gasto sanitario total, "una cifra muy inferior al 10% recomendado por la Lancet Commission", recoge el documento. España se sitúa por debajo de la media al dedicar solo el 5% del gasto sanitario. Se encuentra por detrás de países como Portugal (5,2), Letonia (5,3) o Finlandia (5,8). Asimismo, la región que más destina es Francia, con un 15.
Además, se estima que por cada euro adicional invertido, el retorno económico sería de 4,5 euros. Este hecho "confirma que reforzar la financiación de la salud mental no solo es una necesidad sanitaria, sino también una inversión rentable para la sociedad y la economía europea", plasma el informe.
Por otra parte, las patologías mentales más agudas tienen una mayor carga de estigma que las menos graves. Los expertos apuntan que la reducción de esta estigmatización ayudaría a generar una detección más temprana y accesible, puesto que los pacientes podrían identificar antes sus síntomas, acudir a un profesional sanitario y seguir el tratamiento pautado por los mismos, mejorando así la adherencia y los resultados en salud.
Decálogo de medidas
En el informe, Farmaindustria propone varias medidas para dar una vuelta de 180 grados a este escenario. Además de poner a disposición de los pacientes todas las opciones terapéuticas, la patronal pide sensibilizar sobre la salud mental de forma rigurosa y precisa en el debate público. También pretende mejorar la formación en salud mental para todos los profesionales sanitarios y garantizar los ratios de profesionales de salud mental por población.
Además, solicita garantizar que los tratamientos prescritos y el plan de seguimiento forman parte de una hoja de ruta terapéutica única consensuado con el paciente, coordinado y adaptado a sus necesidades, y que permita valorar su evolución y la consecución de los objetivos terapéuticos previamente definidos.
Paralelamente propone ampliar la investigación, tanto pública como privada, sobre tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos. De igual importancia, implementar un sistema estructurado de seguimiento para la evaluación continua de la respuesta clínica al tratamiento y el cumplimiento terapéutico.
La salud mental se ha convertido en una prioridad institucional en España. De hecho, el Ministerio de Sanidad ha llevado a cabo distintas medidas. Entre ellas se encuentra la creación del Comisionado de Salud Mental y un Plan de Acción de Salud Mental para los siguientes tres años.