Madrid
La industria farmacéutica vive en continua tensión desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de imponer aranceles a los medicamentos. Esta política ha causado mucho revuelo por el alcance que podría tener en las compañías españolas. No obstante, parece ser que algunas entidades como PharmaMar saldrán airosas. "Nos afectan cero las tarifas de Trump por nuestro modelo de negocio", afirma el director general de la empresa, Luis Mora, en una entrevista a elEconomista.es.
PharmaMar tiene dos medicamentos autorizados en Estados Unidos. Por un lado, Yondelis, dirigido al sarcoma de tejidos blandos, y por otro, Zepzelca, para el cáncer de pulmón. La española fabrica ambas materias primas en España, pero las comercializan y terminan de fabricar Johnson & Johnson y Jazz Pharmaceuticals. "Se las vendemos bajo términos ex works, es decir, nuestros socios la recogen en nuestro almacén de Madrid y se lo llevan a sus instalaciones en Europa al precio estimado", explica el director general. Entonces, se produce una transferencia de propiedad en el Viejo Continente.
A partir de ese momento, Jazz Pharmaceuticals y Johnson & Johnson se encargan del resto del proceso. Transforman la materia prima en productos semiterminados en sus fábricas europeas y después lo exportan a Estados Unidos, donde terminan el fármaco. Este proceso se conoce como packaging secundario. Por tanto, los aranceles afectarían a sus dos socios. "Si yo fuera responsable de la exportación, el arancel me lo comería yo", afirma Mora.
Además, PharmaMar cobra royalties de Zepzelca y Yondelis sobre las ventas que realizan tanto Jazz Pharmaceuticals como Johnson & Johnson en el país norteamericano. El director general explica que en "el caso de que se implantasen los aranceles, aumentaría el precio de los medicamentos y en consecuencia se incrementarían los ingresos" . "Las tarifas de Trump repercutirán en el precio de las pólizas de los seguros y el medicamento, por ejemplo, lo venderán a 3.050 dólares en vez de a 3.000. Si yo me llevo un 30% de las ventas – que es el royalties que me pagan – sobre 3.000, me abonarían 900 dólares, sobre 3.050, me dan más", explica.
Además, los medicamentos son productos inelásticos. Los pacientes no van a renunciar a ponerse un tratamiento y, por tanto, es menos sensible al precio. "Si aumenta su valor la gente lo va a seguir pagando igual", traslada la compañía. "Ellos ganarán menos, pero mis regalías son sobre los ingresos no sobre los márgenes", afirma Luis Mora.
Según los términos de los acuerdos, PharmaMar, en el caso de Zepzelca, cobra "entre un 17% y 30% de las ventas en función del volumen" y respecto a Yondelis, "entre el 11,5% y 20%", según explica el director general.
El Tribunal de Comercio Internacional ha paralizado los aranceles de Trump tras declararlos como ilegales. No obstante, podrían imponerse a través de otras acciones legales como la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Esta normativa permite poner tarifas alegando peligro para la seguridad nacional.
Al inicio de su mandato, el presidente de la Casa Blanca abrió una investigación sobre los productos farmacéuticos y la madera. La norma establece que el proceso debe concluir en 270 días y, según las conclusiones, Donald Trump tendrá otros 90 días para imponer aranceles de hasta el 25% para esos productos. Por ello, es posible que la industria farmacéutica se enfrente a nuevas tarifas a comienzos de 2026.
Bajar el precio
A principios de mayo Donald Trump firmó en la Casa Blanca un decreto para reducir entre un 30 y 80% el precio de los medicamentos que paga el Gobierno federal en el marco de los programas de salud pública. La orden da 30 días a las farmacéuticas a negociar con la Administración esas rebajas. "Esta normativa afectaría a todo el mundo. En su anterior legislatura (2018) Trump ya lo propuso. Sabemos que se está reuniendo con todo el sector farmacéutico, pero no hay nuevas noticias", indica Luis Mora.
Si el plazo expira sin acuerdo, el decreto autoriza al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Junior a equiparar los precios de esos fármacos con los de otros países desarrollados. El mecanismo propuesto es el de la nación más favorecida, que permitiría a Estados Unidos pagar lo mismo que el país que menos pague, bien porque los precios bajen o porque los laboratorios los suban en el extranjero.
