La línea de crédito abierta por el Gobierno supone un respiro para muchos laboratorios y empresas, pero el sector denuncia que las comunidades autónomas no están computando facturas que sólo este año superan los 3.000 millones de euros.
Laboratorios, empresas de tecnología sanitaria, boticas o clínicas privadas han cobrado ya la mayor parte de sus facturas pendientes, gracias al Plan de Pago a Proveedores del Gobierno. La cuenta es millonaria. A cierre de 2011, la deuda sanitaria ascendía a 11.599 millones de euros sólo en medicamentos hospitalarios y productos y tecnologías sanitarias. Otra parte, hasta sumar más de 15.000 millones de euros, corresponde a las farmacias y la actividad concertada.
Tanto Farmaindustria, como la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), han agradecido esta inyección de liquidez para que las comunidades autónomas cancelen mediante crédito las deudas anteriores al pasado 1 de enero como un maná caído del cielo, tras su larga travesía por el desierto reclamando pagos con retrasos superiores a los 800 días en la Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla y León o Cantabria.
El plan diseñado por el Gobierno es oxígeno puro para el sector y así lo ha reconocido como un ?hecho extraordinario?, ?un compromiso cumplido? o ?la mayor operación de saneamiento de la deuda sanitaria jamás realizada en España?. De los 17.718 millones destinados al pago de facturas atrasadas en una primera fase, 7.583 corresponden a proveedores sanitarios, según el Ministerio de Hacienda. A final de año, hay comprometidos un total de 12.110 millones para abonar el resto de facturas sanitarias, el 73 por ciento del montante total previsto de 35.000 millones de euros, según el Ministerio de Sanidad. No será el cien por cien de lo adeudado porque Galicia, País Vasco y Navarra no se han sumado al acuerdo.
Pero la dicha ha durado poco. Las autonomías vuelven a guardar facturas en el cajón que no están computando en el presupuesto de 2012, ni se están contabilizando en los planes de ajuste. Los impagos en el primer semestre del año rozan los 3.000 millones de euros con los laboratorios y las empresas de tecnología, a lo que hay que añadir los impagos por valor de 480 millones de las recetas a las farmacias valencianas, entre otras comunidades.
La secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel, explica a Ecosanidad que ?están constatando que las comunidades están volviendo a la misma dinámica?, lo que está provocando ?mucha intranquilidad? en el sector. Fenin se ha reunido ya con los consejeros autonómicos y ha remitido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el detalle de los impagos de 2012, que ascienden ya a 1.391 millones de euros, y han solicitado participar en la Comisión de Seguimiento de la deuda creada por el Ejecutivo.
El incremento de la deuda sanitaria por parte de las regiones deja en papel mojado el compromiso del Gobierno de priorizar los pagos a los proveedores. Los deseos se están estrellando contra la cruda realidad de unas comunidades con las arcas vacías que, más pronto que tarde, tendrán que reconocer las nuevas deudas.
Farmaindustria y Fenin proponen que el mecanismo de financiación incluya las obligaciones pendientes de pago del primer semestre y que se utilice el sobrante del plan de pago para afrontar la deuda de 2012, con el fin de cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Lucha contra la Morosidad, aunque reconocen que se trata de un ?parche más en la financiación sanitaria?.
Y es que la sanidad pública vuelve a recurrir a los proveedores para financiarse. Primero fueron los laboratorios y las compañías de tecnología, luego fue el turno de las farmacias, lo que ha provocado la asfixia financiera de muchas boticas al tener el 75 por ciento de su facturación comprometida con el sistema público. Las boticas valencianas harán huelga indefinida a partir del lunes para exigir los pagos.
Está por ver si esta tendencia a financiarse con el aplazamiento de los pagos puede afectar a los propios pensionistas, ya que el nuevo sistema de aportación farmacéutica obliga a los ciudadanos a adelantar el 10 por ciento del precio de las recetas y a las comunidades autónomas a devolver las cantidades que superen los 8, 18 y 60 euros en cómodos plazos de tres o seis meses.
De lo que no cabe duda es que la deuda sigue siendo la imagen de marca de la sanidad española, a pesar del esfuerzo ?histórico? de sanear la deuda anterior a 2012 y que han reconocido las principales patronales del sector.
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