Las mascarillas podrían volver a los centros sanitarios en los próximos meses. La ministra de Sanidad, Mónica García, no descarta imponerlas en los centros de salud y hospitales si se superan indicadores relacionados con gripe y Covid-19 durante los próximos meses de otoño e invierno. Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que ha tenido lugar este viernes.
"Las herramientas y las medidas que tenemos contra los virus respiratorios son la vacunación, higiene, mascarillas y medidas de contención, no hay mucho más", señala García. En este sentido, durante la reunión se ha tratado un documento con las comunidades autónomas que establece criterios comunes de actuación en gripe y Covid-19 para evitar el colapso de los centros sanitarios y que "tomará cuerpo definitivo" el próximo 17 de octubre en la Comisión de Salud Pública. "Es un documento técnico que se está trabajando en las diferentes comisiones y las ponencias, pero que queríamos unificar tanto los criterios técnicos como los criterios políticos como muchas veces nos han demandado los propios consejeros", explica.
Asimismo, asegura que se está trabajando este texto con las CCAA para anticiparse y prevenir estas situaciones y que "no tenga que ser el Ministerio de Sanidad el que diga a las comunidades lo que tienen que hacer también". García espera que con este documento, del que se conocerán todos los detalles el próximo día 17, se eviten "complicaciones" como las de año pasado. "Ya visteis las complicaciones que tuvimos el año pasado para hacer una medida que nosotros consideramos que era básica, que es ponerse una mascarilla en los centros sanitarios, cuando la curva se había disparado. Nosotros creemos que se puede actuar antes y que por eso necesitamos este documento", señala.
En concreto, el texto servirá para proponer indicadores que permitan caracterizar cuál es la situación epidemiológica en función de una combinación de diferentes indicadores epidemiológicos como la transmisión, gravedad, tasa de incidencia, tasa de hospitalización, ingreso en UCI o letalidad. Además, se establecerán diferentes escenarios en base a esos indicadores y se contemplarán recomendaciones. "Esto solo se había hecho anteriormente con el Covid-19", agrega la ministra.
Desencuentros iniciales
Antes del inicio de la reunión, las CCAA del PP aseguraron no haber recibido ningún documento de consenso, si bien García dijo que ya estaban trabajando "codo con codo" Sanidad y las consejerías. De hecho, en representación de las CCAA del PP, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, calificó este documento como "propaganda" , afeando a García que está "invadiendo" competencias de las CCAA. "Nosotros tenemos nuestros planes de contingencia perfectamente preparados. No nos tiene que venir a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer", zanjó.
Así, Vázquez criticó que este Consejo era "una vez más meramente administrativo" porque "no se tratan los temas importantes". Algunos de estas cuestiones para el PP son "la falta de profesionales" en el Sistema Nacional de Salud, sobre todo en Atención Primaria y en materia de salud mental. "La herramienta más avanzada que hay en salud mental son los profesionales de salud mental, que actualmente están en precario", aseguró Vázquez, en el marco de la semana en que se ha celebrado el Día de la Salud Mental.
Real decreto de evaluación de las tecnologías sanitarias
Durante la reunión, las CCAA han sido informadas del texto del Real Decreto de evaluación de las tecnologías sanitarias antes de su paso por el Consejo de Ministros. Al respecto, la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, consideró antes del encuentro que debe haber "representación autonómica" en la toma de decisiones sobre el precio de los fármacos.
"La representación autonómica es fundamental", dijo, para "desburocratizar" y para que haya una separación de lo económico respecto a lo técnico y lo que cuesta el fármaco. También, agregó, para que se puedan "hacer más accesibles estas tecnologías, en la que están incluidos los fármacos de alto impacto, como los fármacos oncológicos". "Las CCAA estamos dispuestas a arrimar el hombro para que no se tarden 1.200 días para que un fármaco llegue, porque una vida es valiosa y estamos perdiendo muchas", incidió Matute.
