Madrid
La Orden Ministerial de los Precios de Referencia, normativa por la que cada año se deprecian decenas de medicamentos genéricos o de marca que hayan perdido la patente, acarreará este año al Estado un ahorro de casi 140 millones de euros, según ha podido saber este medio. La cantidad ronda el 0,7% de lo que gastan las administraciones entre la factura de tratamientos en los hospitales y las farmacias.
La norma llega en un momento de ebullición legislativa en el departamento de Mónica García. Entre ellos está la modificación del sistema mencionado para que su efecto no recaiga sobre los denominados por el propio gobierno como fármacos estratégicos o esenciales. De hecho, el propio secretario de Estado afirmó hace un mes que el Ministerio estaba trabajando para salvar a estas moléculas, ya sea sacándolas en el futuro del sistema o bien habilitando un protocolo para poder subir el precio de las mismas de oficio.
Una de las promesas del Ejecutivo a las propias farmacéuticas y a sus ciudadanos fue poder fabricar en territorio nacional dichos medicamentos esenciales. De hecho se está a la espera de que se publique la Estrategia Farmacéutica Española, donde entre otras cuestiones se velará por tener cierta independencia en la producción de dichos tratamientos. En cualquier caso, la norma que se conoce hoy aún no se rige por las futuras normas y aplica la reducción de precios como hasta ahora.
Junto a esta nueva legislación también se está a la espera de un real decreto que espera el sector. Hace dos meses se publicó el borrador de Real Decreto de Evaluación de Medicamentos, que llega para, entre otras cosas, poner fin a uno de los talones de Aquiles de España en materia farmacéutica: el retraso en la aprobación de nuevas terapias.
El sector industrial (y cualquier otro interesado afectado por la norma) ha enviado alegaciones al Ministerio de Sanidad y, según fuentes gubernamentales consultadas, han tenido buena acogida en su mayoría. Lo que se pretende con esta norma es aportar claridad y transparencia al proceso de negociación, evaluación y, posterior financiación de la innovación médica. De hecho, tal y como adelantó este medio, el objetivo del departamento de García es reducir en casi dos tercios el tiempo que tarda hoy el Ministerio en dar el sí a una terapia nueva.
Una vez se conozcan las modificaciones legislativas mencionadas le tocará el turno a la reforma de la Ley de Garantías, la ley madre de la que emana toda la política farmacéutica en España. Se espera que un primer borrador se conozca antes de que acabe el año.
