Madrid
La negociación por la renovación del convenio de Muface entra en su recta final y las presiones van en aumento. Tras el desencuentro entre las aseguradoras y el Gobierno, tras ofrecer este último un incremento de la prima del 14%, insuficiente para las primeras, ahora han sido los sindicatos mayoritarios en el colectivo de los funcionarios los que han puesto el grito en el cielo y han solicitado una reunión urgente con el nuevo ministro de Transformación Digital, Óscar López, para forzarle a mejorar la oferta actual y que el modelo no 'muera'.
"Estamos muy preocupados por la falta de acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras de Muface", ha asegurado el presidente de CSIF, Miguel Borra, tras la información de que las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV no acudirán al concurso para la nueva licitación del concierto. Desde CSIF ahondan en que la falta de acuerdo "deja en el aire la asistencia sanitaria que reciben más de 1,5 millones de personas y sus familias" y, por ello, exigen desde el sindicato una financiación adecuada para el nuevo concierto que garantice la calidad sanitaria.
Muface "es un modelo eficaz y rentable como se ha comprobado durante años y que no ha parado de sufrir recortes", ha declarado el presidente de CSIF, que ha emplazado al ministro López a una reunión que dé "garantías" del mantenimiento del convenio con Muface o, de lo contrario, saldrán "a la calle con contundencia".
Tal y como adelantó este medio el pasado miércoles, aún queda margen para el acuerdo, toda vez que la oferta final y en firme se producirá el próximo ocho de octubre, tal y como confirmaron a este periódico fuentes cercanas a la reunión. Y es que las cifras para las aseguradoras, que denuncian pérdidas de 200 millones en el último año, están muy claras.
Las empresas que prestan hasta ahora el servicio (SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV) tienen claro que la inversión del Gobierno tiene que subir drásticamente, según trasladan fuentes cercanas a las conversaciones. "Aceptamos una rebaja del 20% sobre el gasto per cápita público, pero no menos porque entonces no es sostenible", explican.
El último dato oficial disponible sobre el gasto per cápita público, correspondiente al año 2022, es de 1.674 euros (excluyendo el gasto farmacéutico). Según explican las fuentes de las aseguradoras, las primas que paga el Estado por cada funcionario afiliado ronda los 900 euros, por lo que una rebaja en el entorno del 20% sobre el último dato de gasto sanitario per cápita significa incrementar la prima un 50%, hasta los 1.350 euros. En cifras globales, supondría inyectar al sistema del mutualismo unos 1.800 millones de euros.
