Madrid
El Ministerio de Sanidad prevé financiar el nuevo modelo de aprobación de medicamentos con las tasas que pagan las compañías del sector farmacéutico. En la memoria económica que acompaña al proyecto de Real Decreto por el que se regula la evaluación de tecnologías sanitarias, se establece que los órganos de decisión que se crearán (uno de evaluación clínica y otro presupuestaria), además de otros menesteres necesarios para el funcionamiento, tendrán un coste anual de 14,1 millones de euros, de los que solo 6,1 millones saldrán de los Presupuestos Generales del Estado.
Para el resto, el departamento de Mónica García pone la lupa en unas tasas que paga la industria. La más importante es la que recoge la disposición adicional sexta recogida en la Ley del Medicamento. En ella se establece que las compañías deben compensar al Sistema Nacional de Salud por las ventas de medicamentos con receta que realizan en el canal de la farmacia. En concreto, las empresas deben pagar el 1,5% de sus ingresos (cuatrimestrales) siempre y cuando no superen los tres millones de euros. En el caso de que sí trasciendan de dicha cantidad, el porcentaje a depositar en las arcas públicas es del 2%.
Sanidad calcula que este montante alcance los 7,7 millones de euros, por lo que solo les quedarían 300.000 euros para poder presentar un modelo sostenible en el tiempo. Para dicha cantidad, el Ministerio dirige su mirada hacia la Agencia Española del Medicamento y las tasas que cobra a las farmacéuticas por labores de asesoría. "La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sí tiene tasas para la asesoría científica/regulatoria nacional para medicamentos de uso humano en un rango que va desde 1.347,75 euros para cuestiones simples a 6.738,76 euros para asesorías que incluyan múltiples cuestiones. También se contempla una tasa de 2.021,63 euros por el seguimiento de las anteriores (dentro del mismo año de la asesoría inicial)", explica el departamento en el documento.
Según los cálculos realizados durante los últimos siete años (periodo 2017-2023), el ministerio cree factible obtener "entre 208.227,69 y 302.570,33 euros en este concepto". De esta forma, concluye que el nuevo sistema de evaluación y aprobación de medicamentos estará suficientemente financiado y no generará nuevos costes al Estado.
Mejorar los tiempos
Este Real Decreto, que se encuentra en fase de audiencia pública hasta el 20 de septiembre, lleva dos años cocinándose. El principal motivo es mejorar la ratio de España en el tiempo de aprobación de medicamentos. Actualmente, y de media, el país se demora en más de 650 días en autorizar una terapia desde que ésta ha obtenido el visto bueno de la Comisión Europea. Ahora, los cálculos del departamento de Mónica García consisten en conseguir una drástica reducción con este texto legislativo y dejar la demora en 210 días.
Por otro lado, Sanidad entiende que este Real Decreto es pertinente para fomentar la capacidad industrial del sector y la economía y el Producto Interior Bruto del país. "Cabe llamar la atención sobre un doble impacto: por un lado, el impacto positivo directo sobre la industrialización, empleo y balanza comercial; por otro lado, el impacto positivo que para la autonomía estratégica tiene también", dice el documento. Además, señala que las tecnologías producidas en un país deben comercializarse en él para tener éxito fuera.
