El tiempo se ha echado encima y ahora no hay margen. Sanidad prometió la semana pasada "crear un entorno favorable" para no perder la inversión prometida por la industria farmacéutica, que asciende a 8.000 millones. Sin embargo, José Miñones no tiene margen para modificar leyes al estar en funciones, por lo que se buscará un atajo que permita mejorar el acceso a los nuevos medicamentos, la condición necesaria para desbloquear la llegada del dinero.
Fuentes internas del departamento de José Miñones explican a este medio que se trabaja en un reglamento que sirva de puente hasta que se pueda acometer la reforma legislativa prometida. En síntesis, lo que proporcionará el Ministerio de Sanidad será un documento dirigido a las empresas farmacéuticas para que sepan de antemano cómo presentar un dossier de financiación de un medicamento para contar con mayores opciones de ser aceptado.
En paralelo, la Dirección de Farmacia (órgano encargado de la política del medicamento) también prepara un vehículo para que medicamentos que aún no han concluido su fase de ensayo puedan entrar en el sistema si demuestran ser disruptivos a la hora de abordar una determinada enfermedad. Sería una imitación del 'fast track' de la FDA estadounidense, un sistema que permite la llegada de medicamentos y que quedan condicionados a sus resultados en la práctica clínica real.
De esta forma, aquellas moléculas que cumplan una fase II de ensayo clínico y que supongan una revolución, podrían acceder al mercado. Eso sí, lo harían con un precio condicionado a sus resultados que obtengan en la realidad y que podría ser revisado una vez el medicamento concluya todas las fases de ensayo clínico.
Políticas internacionales
Mientras se intenta corregir el retraso en el acceso a algunos medicamentos innovadores, hay otras medidas que se están estudiando en el seno del Ministerio de Sanidad. Una de las más avanzadas es la compra centralizada entre varios estados Miembro de la Unión Europea con el objetivo tanto de bajar el precio como de avanzar en la equidad entre países.
La medida no es nueva. Fue en los estertores del Gobierno de Mariano Rajoy cuando la por entonces ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, comandó lo que por entonces se denominaba Grupo de La Valeta. El nombre proviene de una reunión en la capital maltesa con una mayoría de países del sur de Europa y el objetivo no era otro que el de impulsar compras conjuntas que consiguieran abaratarlos precios de los nuevos medicamentos.
Sin embargo, tanto antes como ahora, existe una barrera que hasta ahora, y con la excepción del Covid, ha sido difícil de superar. Los países están acostumbrados en competir por sacar un precio más bajo y es precisamente esa disputa la que complica el acuerdo, No en vano, los precios que publica el Ministerio de Sanidad en las actas de financiación no son los precios reales, que suelen ser más bajos.
