El sector de tecnología sanitaria, en nombre de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), lleva tiempo reclamando al Ministerio de Hacienda reducciones permanentes en el IVA a los productos sanitarios. Ya ha pasado casi un año desde que el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (ECOFIN) lanzase la reforma que permitía a los gobiernos nacionales fijar tipos de IVA reducidos a determinados productos y servicios que satisficieran necesidades básicas, pero la situación actual es que el sector no ha avanzado nada en esta materia.
A día de hoy, el ministerio presidido por María Jesús Montero todavía no se ha reunido con dicho sector para trabajar en una hoja de ruta común. "Ha pasado un año y no hemos conseguido vernos con la ministra. Consideramos importante que este tema se escuche y se debata para llegar a un acuerdo, pero tenemos la puerta cerrada. Hemos hablado con consejeros de Economía y Hacienda de diferentes CCAA y hemos tenido bastante éxito en el planteamiento porque existe la base legal para poderlo hacer", apuntaban fuentes de Fenin a este medio durante la presentación de la 'Guía de Compra Pública Eficiente de Tecnología Sanitaria'.
La situación actual española en cuanto a impuestos sobre los productos de la salud es que un 85% de ellos están agravados con el tipo impositivo más alto (21%). Pero países vecinos como Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Reino Unido tienen un IVA reducido menor del 10%. "Las exenciones de IVA se hacen para facilitar la disponibilidad de productos. Un porcentaje alto de nuestro sector está relacionado con la Administración Pública porque las comunidades son las que compran. Uno de nuestros argumentos es que un IVA reducido permitiría mayor capacidad de compra por parte de las comunidades autónomas", explicaba Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, el pasado mes de mayo en una entrevista concedida a elEconomista.es.
Otros retos
Pero este no es el único frente que libra dicho sector. Hace escasos días finalizaba un año caracterizado por un auge de los costes de producción, motivado por la escasez de materias primas y la subida de la energía, pero que también dejaba a las empresas de tecnología sanitaria en serios problemas por el preocupante aumento de la deuda de las administraciones públicas con el sector. "El incumplimiento de contratos va en aumento. Le pedimos a la industria que sean flexibles con nosotros", afirma María Blanco, gerente de compras del Instituto Catalán de la Salud (ICS).
La subida del precio de la materia prima ha provocado un incremento de los costes que ha afectado al precio de los contratos. Por todo ello, durante la presentación de la guía que se mencionaba anteriormente, los expertos en contratación participantes en su elaboración ponían de manifiesto la necesidad de habilitar mecanismos de indexación de costes en los contratos públicos. "El precio en cualquier licitación pública tiene que dar respuesta al equilibrio financiero", explica Javier Guijarro, responsable del Área de Logística y Aprovisionamiento del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
Otra de las trabas que se encuentra el sector es que la Ley de Contratos del Sector Público no aporta especificidad para el ámbito sanitario. "La Guía propone soluciones concretas a los retos que plantean los procesos de adquisición pública de tecnologías sanitarias, cubriendo así una necesidad derivada del hecho de que la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) no incluya una especificidad para las peculiaridades y complejidad del ámbito sanitario", concluye Jorge Huertas, presidente de Fenin.
