El sector de la medicina de ejercicio libre, a través de su patronal Unipromel, quiere establecer diálogo con las compañías aseguradoras para negociar una mejora en las vigentes condiciones contractuales de precios. Se apoyan en que las prestaciones actuales solo se sostienen por la "vocación y el sacrificio de los médicos al encontrarse muy por debajo de costes". Sin embargo, las aseguradoras no son las únicas protagonistas en el diálogo, pues la patronal de médicos también pretende establecer alianzas con los grupos hospitalarios con el objetivo de que los pacientes queden perfectamente informados de la situación.
Durante la celebración de su última Asamblea General, establecieron una hoja de ruta para hacer frente a la problemática. "Creo que las compañías estarán obligadas a negociar este otoño si quieren evitar un grave conflicto y sobre todo una enorme pérdida de reputación y de confianza de los ciudadanos en el sector de los seguros, que presume de excelencia y de buenas prácticas, hasta que se destape que pagan entre 5 y 15 euros por consulta que la Sanidad pública tiene valorada entre 55 y 85 y que en el mercado privado están entre los 80 y 150 euros", afirma Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel.
Desde el sector de los médicos autónomos advierten de que "si las compañías no mejoran sus baremos de coberturas será la libre relación entre médico y el paciente la que debe prevalecer". Por esta razón, no descartan la imposición de un copago a los pacientes para hacer frente a las bajas coberturas de precios. A lo largo del próximo año entregarán documentos en forma de factura como parte del contrato privado entre el médico y el paciente, dejando a la compañía la decisión de "aceptar el importe completo o una parte acogiéndose a sus criterios y a las condiciones firmadas en las pólizas con sus asegurados".
Para ello, confían en que se cumpla con la legislación que regula dicha materia. "Creemos que la mejor manera de cumplir con estos objetivos será cumpliendo la legislación vigente en materia de competencia, libertad de elección, transparencia y derechos de los consumidores para que los pacientes conozcan todo lo que concurre en su prestación y lo tengan por escrito en un documento explicativo donde se informe del precio privado, del coste en la Sanidad pública y finalmente el baremo que su compañía impone como honorarios y que realmente es la cobertura del riesgo que tienen contratado", señalan.
Los médicos autónomos esperan que sean los propios pacientes los que desde su propia soberanía puedan decidir qué prestación quieren recibir y su precio final, dejando a la compañía dentro de los límites que marca la Ley del Seguro. De esta forma, esperan que se produzca una reacción de los organismos públicos reguladores y de los propios políticos para que se garantice por Ley una serie de medidas para proteger los derechos de los médicos.
"Los baremos no los imponen las aseguradoras. Esto significa que lo que en España pagan las 7 compañías más grandes que copan el 80 % del mercado no llega a los 10 euros máximo en consultas de primaria y menos de 20 en especialidades y comparado con los 35 euros de Portugal o Grecia o los 40 o 50 de Francia o Alemania o los 100 o 120 de Países Bajos o Reino Unido hacen del médico español de la Sanidad privada el peor pagado de Europa y probablemente del mundo desarrollado", concluyen.
