Los medicamentos tienen una largo recorrido: desde su origen entre las cuatro paredes de un laboratorio hasta que llegan a su destino final, los pacientes. Se podría decir que el viaje de los fármacos son como los escape room, es decir, cuando una persona va a este tipo de sitios debe pasar por diferentes pruebas en distintas salas hasta llegar a la salida. Las terapias son como estos individuos, pero en vez de transitar por habitaciones pasan por diferentes instituciones esperando que les den su aceptación para así llegar a su último destino, que en ve de ser la salida del juego, en el caso de los medicamentos son los pacientes.
Los medicamentos pasan por un proceso extenso hasta que llegan al público. En primer lugar, dentro del laboratorio atraviesan diferentes fases de investigación hasta llegar a la tercera, último periodo. Esta suele durar entre nueve y diez años. Una vez superada, los expertos piden a la Agencia Europea del Medicamento, EMA, constituida por expertos en materia, permiso para poder comercializarlo en el continente. Estos deben dar una respuesta positiva o negativa acerca de este. En el caso de que la contestación sea afirmativa, la decisión debe ser ratificada por la Comisión Europea para que el medicamento pase a la siguiente "sala".
La compañía farmacéutica debe ir país por país preguntando al Ministerio de Sanidad correspondiente si es posible la financiación. A partir del sí de la EMA hasta que el órgano de poder da el visto bueno pasan alrededor de 500 días, según los datos del último Informe Wait. ¿Qué pasa durante todo ese tiempo?
La respuesta es múltiple. Previo a la decisión política, la Agencia Española del Medicamento debe realizar un informe científico conocido con el nombre de Informe de Posicionamiento Terapéutico, IPT, y una memoria económica. Una vez que dicho dictamen es favorable al medicamento, la compañía farmacéutica se lanza a negociar con el Ministerio de Sanidad. El foro donde se decide sobre la financiación es la Comisión Interministerial de Precios, que está formada por miembros del Ministerio de Sanidad (la presidenta de la Comisión es la Secretaria de Estado de esta cartera), personas de Hacienda, y tres miembros de las comunidades autónomas, que se van rotando cada seis meses. No obstante, los 14 restantes pueden estar presentes en calidad de oyentes.
La decisión de la Comisión se toma conforme a la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, que entre otras cuestiones, tiene en cuenta el impacto presupuestario del nuevo medicamento. A pesar de que Sanidad permita su mercantilización, quién pone el dinero son las comunidades autónomas, cuestión que ha provocado en ocasiones tensiones entre gobierno central y autonómicos por el "tú invitas y yo pago" que alegan los territorios.
Todo este proceso tiene una duración de unos diez años, justo la mitad del tiempo de patente que tienen estos productos (20 años). Cuando termina ese periodo de exclusividad, las compañías farmacéuticas de genéricos pueden desarrollar el mismo medicamento. Cuando estos últimos llegan al mercado, lo hacen con una depreciación de, al menos, el 40% respecto al precio del original, permitiendo ahorros al sistema que, en teoría, deberían usarse para facilitar la llegada de la innovación.
