La asociación que gestionará el futuro sistema de retorno de envases de bebidas en España, que ha sido presentada hoy en Madrid, han reclamado al Gobierno que retrase su entrada en vigor hasta 2029 como contempla el Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases en lugar de noviembre de 2026, como marca la normativa española.
En este sentido, el director general de la patronal Aecoc y presidente de la nueva Asociación SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno) para España, José María Bonmatí, ha recordado que aunque las organizaciones de fabricantes y distribuidores trabajan con la Administración para adecuar el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases al reglamento europeo, ésta debe establecer plazos que permitan a las empresas adaptarse a muchos de los detalles del futuro sistema de recogida que hoy aún se desconocen.
Tras avanzar que la solicitud de registro como entidad operadora se presentó el pasado mes de mayo gracias "a un esfuerzo enorme por conseguir el consenso entre todas las organizaciones de los sectores obligados por la normativa y con toda la distribución", su autorización por parte de las Comunidades Autónomas contempla un plazo de hasta un año, lo que daría un margen ínfimo de maniobra para la implantación efectiva del SDDR si se mantiene la fecha de noviembre de 2026. En esta nueva asociación se encuentran agrupadas desde la patronal del gran consumo Aecoc, a la Asociación de Aguas Minerales de España (Aneabe), la Asociación de Bebidas Refrescantes de España (Anfrabra), Cerveceros de España, Zumos y Gazpachos de España, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab), y las patronales de los supermercados Asedas y La Distribución (Anged).
Esta falta de tiempo, añade Bonmatí, añade un factor de inseguridad jurídica para las empresas afectadas respecto a otros países donde se ha implantado el sistema porque en ninguno se ha hecho con un margen tan corto como el que se plantea en España, ya que "siempre se hace teniendo en cuanta que los plazos empiezan a contar desde el momento de la autorización de la entidad gestora".
Complejidad española
Asimismo, Bonmatí ha recalcado que la implantación del nuevo sistema envases plantea una complejidad aún mayor en un país como el nuestro en el que afectaría a 18.000 millones de unidades vendidas al año y a los 500.000 locales donde se pueden comercializar. "Necesitamos un marco normativo que no permite crear un modelo que funcione y la colaboración de la Administración para cumplir con los objetivos del 90% recuperación de envases de plástico y latas de un solo uso con eficiencia y sostenibilidad. El objetivo es muy ambicioso y requiere de gran esfuerzo colectivo", añade el presidente de la nueva entidad gestora.
En este sentido, el presidente de la asociación ha reconocido que habrá que crear un sistema de recogida específico para un país marcado por la alta fragmentación geográfica, con un fuerte peso del canal de hostelería, casi 100 millones de turistas y 8.000 municipios de los que en torno el 60% tienen menos de 1.000 habitantes, lo que requerirá establecer agrupaciones para el SDDR y mucha colaboración con los ayuntamientos. "No es lógico poner puntos de retorno donde no hay el volumen suficiente para que el sistema sea eficiente o cargar al pequeño comercio con unos costes que no se correspondan con la eficiencia", ha aclarado Bonmatí. "Se debe buscar un equilibrio, que los puntos de retorno sean suficientes y el proceso sencillo y amigable", ha añadido.
Parte de este nuevo esfuerzo en la recogida, recuerda Bonmatí, recaerá sobre un consumidor que tendrá que afrontar un cambio de mentalidad al tener que abonar un sobrecoste, potencialmente de 10 céntimos, por sus bebidas antes de acudir a un punto autorizado de recuperación para recibir el reintegro por su devolución. Esta responsabilidad compartida con el público requerirá un esfuerzo didáctico para evitar posibles trasvases de consumo hacia otros productos que no estén sujetos al sistema de depósito, ha concluido Bonmatí.