Zaragoza
Las Cortes de Aragón han aprobado, en sesión plenaria, dos iniciativas de apoyo y solidaridad con los trabajadores de Alcampo afectados por el plan de ajuste de la compañía, que conllevaría en la comunidad aragonesa afecciones en 37 tiendas por cierre o ajuste de plantilla dentro de un proceso de despido colectivo.
Las iniciativas se han presentado por los grupos parlamentarios de PSOE y CHA, aunque se han debatido de forma conjunta, además de contar con una enmienda presentada por el PP, que ha sido aceptada y transaccionada.
De este modo, el Parlamento aragonés ha mostrado "su apoyo y solidaridad con los trabajadores de la cadena Alcampo afectados por el proceso de despido colectivo anunciado por la empresa".
Además, el texto aprobado insta también al Gobierno de Aragón a "dedicar todas las herramientas que estén en su mano para lograr el mantenimiento de todos los puestos de trabajo que se encuentran amenazados", así como a defender los derechos de los empleados.
Las iniciativas muestran así su apoyo a los afectados por este plan de ajuste dentro del que señalan que Aragón sería una de las autonomías más afectadas por el peso que tiene la comunidad dentro de la red comercial de la compañía en España. Un motivo por el que los grupos parlamentarios han rechazado la estrategia empresarial planteada.
El texto recoge a su vez la petición de las Cortes de Aragón al Ejecutivo aragonés para que se haga un seguimiento exhaustivo del proceso de despido colectivo anunciado por Alcampo para lo que se pide que haya un contacto constante con la representación sindical, aparte de ofrecer acompañamiento técnico y jurídico disponible a las personas trabajadoras afectadas.
Las iniciativas también abogan por la defensa ante la empresa Alcampo de priorizar medidas no traumáticas entre las que, por ejemplo, se mencionan las recolocaciones internas o salidas voluntarias negociadas, con especial foco en las personas con mayor vulnerabilidad socioeconómica o cercanas a la jubilación.
Finalmente, las Cortes de Aragón piden una evaluación del impacto económico y social del ajuste anunciado, incluyendo las consecuencias en las empresas proveedoras aragonesas del sector agroalimentario. En este caso, se apunta también la conveniencia de valorar líneas de apoyo específicas para paliar los posibles efectos.
