España no es un país de cerveza o de vino. España es un país de agua embotellada, una categoría que acapara casi la mitad (47,7%) del volumen de bebidas consumidas con 139 litros por persona al año. En tiempos donde los canales digitales multiplican las posibilidades de desinformación resulta fundamental destacar todo el proceso que sigue un bien de primera necesidad como una botella de agua mineral natural antes de llegar a la distribución y la hostelería.
Y lo que se esconde detrás es un sector empresarial que facturó el año pasado unos 1.500 millones de euros anuales -el 10% del sector de bebidas- y produjo 6.780 millones de litros desde 120 plantas embotelladoras que se nutren de 153 manantiales y que deben ceñirse a las exigencias normativas derivadas de su doble papel de industria alimentaria y de explotación de un recurso minero en constante renovación como el agua mineral subterránea.
Más allá de las estrictas normativas de seguridad alimentaria, los constantes análisis y el esfuerzo técnico que implica llevar el agua de manantial hasta el interior de la botella manteniendo sus cualidades minerales y organolépticas intactas y sin aditivos, las plantas embotelladoras deben contar con una autorización de aprovechamiento según lo establecido por la Ley de Minas (22/1973) y el Reglamento General para el Régimen de la Minería (RD 2857/1978, según recuerda Irene Zafra, secretaria general de Aneabe, la patronal del sector.
Esta autorización minera, aclara Zafra, además aporta unas garantías de carácter medioambiental de vital importancia para los entornos naturales en los que se ubican los manantiales de aguas minerales y termales y donde se establecen las plantas, la mitad de ellos en municipios de la 'España vaciada' de menos de 2.000 habitantes. Y es que este permiso establece un perímetro de protección alrededor del manantial y fija un caudal máximo de aprovechamiento en función de la pluviometría de la zona, unos requisitos estrictos para una industria que explota apenas un 0,03% de los recursos hídricos subterráneos de nuestro país y que aporta más de 30.000 empleos directos e indirectos en zonas rurales de 16 comunidades autónomas.
Sobre el terreno en Sigüenza
Al bajar al terreno, en concreto al de la planta que de Font Vella que posee Danone en el municipio de Sigüenza (Guadalajara), comprobamos que su presencia ha aportado un mayor grado de protección medioambiental al parque Natural del Barranco del Río Dulce donde se ubica el manantial a través de iniciativas pioneras. Un ejemplo es la colaboración con la asociación Micorriza para impulsar la conservación y restauración del bosque de ribera del río a través de la plantación de 2.000 ejemplares de especies autóctonas, explica Borja Lafuente, director de Asuntos Públicos de Danone.
Este portavoz, oriundo de Sigüenza, también destaca la colaboración de la planta desde 2020 con la asociación provincial de agricultora y ganaderos Apag-Coagral para promover prácticas más respetuosas en más de 300 hectáreas de los municipios de Pelegrina y Algora, próximas al manantial, como el uso de fertilizantes de liberación lenta, el cambio a un cultivo ecológico de cereal y la transición de cultivos tradicionales a orgánicos, como la lavanda.
Otros de los efectos de la presencia de estas plantas en municipios de menos de 5.000 habitantes es un impulso económico que se traduce, según los datos de Aneabe, en una mejora de los servicios respecto a otras localidades. Así, duplican la media nacional en presencia de sucursales bancarias y centros educativos y la cuadruplican en el caso de los centros de salud; además de mostrar un índice un 2,3% superior de población en edad de trabajar y un nivel de renta en los hogares un 5% mayor en localidades de menos de 2.000 habitantes.
