China y Corea del Sur están sacando a los buques pesqueros de Europa del Atlántico. Según denuncia el sector, debido a las fuertes exigencias en materia de sostenibilidad que está imponiendo Bruselas, la flota asiática está desplazando de los mejores caladeros a la europea en general, y de forma muy especial a la española. Muchos buques se están desplazando ya al Índico y hay casos incluso que, ante la quiebra de las empresas, acaban en el desguace.
La flota atunera española, agrupada en Opagac, ha urgido por todo ello a la Comisión Europea una llevar a cabo defensa firme de los intereses de los buques atuneros comunitarios para frenar el progresivo desplazamiento de sus caladeros tradicionales en el Atlántico oriental, frente al avance de flotas asiáticas abanderadas en terceros países africanos. De hecho, desde 2016, el número de atuneros europeos en esta región se ha reducido un 38%, y sus capturas de atún tropical un 24%. En paralelo, las flotas asiáticas abanderadas en países como Ghana, Senegal o Guinea han incrementado sus capturas en un 68%, debido a una falta de control "absolutamente discriminatoria" sobre el cumplimiento de las medidas de gestión.
Según Opagac, esta tendencia pone en riesgo el modelo europeo de pesca sostenible que, desde los años 60 del siglo pasado, ha contribuido tanto al buen estado de los recursos pesqueros como al desarrollo socioeconómico de los países costeros africanos. Además advierte que, de continuar esta evolución, es solo cuestión de tiempo que los supermercados europeos dejen de ofrecer atún capturado por buques comunitarios en el Atlántico y comercialicen únicamente el producto procedente de flotas asiáticas que no cumplen los estándares de calidad y sostenibilidad, tanto ambiental como social, que la Unión Europea exige a sus operadores.
De acuerdo con la organización, las capturas de la flota europea de cerco en el Atlántico han pasado de 118.226 toneladas en 2016 a 90.321 en 2022. La flota comunitaria, que se ha reducido de 21 a 13 buques (7 españoles y 6 franceses) entre los años 2016 y 2024, ha registrado un descenso del 38% en sus capturas de atún rabil, del 36% en las de patudo y del 12% en las de listado. Frente a esta tendencia, y a modo de ejemplo, en ese mismo período, Ghana ha incrementado un 80% sus capturas totales, con un aumento del 151% en el caso del patudo (de 5.709 toneladas a 14.329 toneladas).
Según Julio Morón, director gerente de Opagac, "estamos siendo desplazados de nuestros caladeros tradicionales en África Occidental, donde la flota europea lleva operando desde la década de los 60 del siglo XX y ha contribuido de forma decisiva a generar empleo e infraestructuras en tierra, especialmente en puertos estratégicos como Dakar o Abiyán". La entrada de nuevos actores con estándares mucho más bajos –añade Morón–, "sin control efectivo ni transparencia y con acceso libre al mercado comunitario, está condenando al abandono de un modelo pesquero que ha demostrado ser socialmente responsable, económicamente viable y ambientalmente sostenible".
Presión regulatoria y falta de control
Según los atuneros, la expulsión progresiva de la flota europea del Atlántico responde a la falta de un control efectivo sobre el cumplimiento de las medidas de gestión por parte de flotas de capital asiático abanderadas en terceros países africanos, especialmente en lo relativo a la veda al uso de dispositivos concentradores de peces (FAD, por sus siglas en inglés), establecida por ICCAT en 2016. A este desequilibrio se suma, además, la pérdida de rentabilidad derivada del incremento de la presión regulatoria que soportan las flotas europeas, tanto por parte de la UE como de la propia ICCAT.
En contraste con la ausencia de datos verificables por parte de estas flotas de capital asiático, OPAGAC subraya el esfuerzo operativo y económico que asumen los buques europeos para cumplir con medidas como los límites de captura, la presencia de observadores a bordo y, especialmente, la veda al uso de FAD.
En este contexto, la organización recuerda que ICCAT acordó el pasado noviembre reducir la duración de esta veda de 72 a 45 días en 2025. No obstante, defiende que esta rebaja sigue siendo insuficiente y considera imprescindible reducir la veda el máximo tiempo posible, dado que ya existen límites de captura, así como garantizar su cumplimiento real y verificable por parte de todas las flotas que operan en las mismas aguas y acceden a los mismos mercados, mediante mecanismos efectivos de control. En contraposición, la flota incide en su contribución a los buenos resultados de gestión pesquera registrados a nivel global. Así, según el último informe de la Fundación Internacional para la Sostenibilidad de los Productos del Mar (ISSF), actualmente el 98% de las capturas de atún procede de poblaciones no sobreexplotadas.
Esperanza en el viraje
En este escenario, Opagc confía en que el nuevo comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, contribuya a reequilibrar la política pesquera comunitaria y a garantizar condiciones de competencia equitativas para la flota europea. A este respecto, considera especialmente relevante la consulta pública lanzada por la Comisión Europea para evaluar la inclusión de criterios de sostenibilidad en los contingentes arancelarios autónomos (ATQ).
Actualmente, más de 900.000 toneladas de productos pesqueros entran en la UE libres de aranceles, sin que se exijan estándares ambientales o laborales comparables a los que rigen para los operadores europeos. Para la flota atunera española, vincular los ATQ a requisitos de sostenibilidad sería un paso clave para reforzar la coherencia normativa, la competitividad del sector y la soberanía alimentaria de la UE.
