Una semana después del apagón eléctrico que afectó a la península ibérica, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), ha calculado en al menos 53 millones de euros el impacto económico generado en sus establecimientos y en la distribución mayorista por el corte del suministro.
La patronal, que representa al 75% de la distribución alimentaria española, señala que esta primera valoración de daños es conservadora y se basa en el impacto principal de la falta de electricidad sobre productos frescos, refrigerados y congelados que, como medida de precaución en los casos en que no se pudo garantizar la cadena de frío y la seguridad alimentaria, tuvieron que ser retirados sin posibilidad de ser destinados a la donación.
Además de la pérdida de stock, indica Asedas en un comunicado, la falta de suministro eléctrico implicó un esfuerzo adicional logístico, al que hay que sumar los gastos asociados al transporte, el combustible destinado a los grupos electrógenos, los costes de la retirada de basura, el incremento de la seguridad, etc.
Consciente de la dependencia de la distribución alimentaria de la electricidad, prosigue, la patronal lleva años analizando las necesidades energéticas del sector y las medidas para garantizar la eficiencia logística en casos de emergencia como supuso la pandemia, y desde el 2020 reclama planes de contingencia para asegurar el funcionamiento de los supermercados y plataformas logísticas sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas.
Mecanismos de protección
La emergencia del pasado 28 de abril, recuerdan desde la asociación, reflejan la necesidad urgente de contar con mecanismos de protección real y automática para el sector estratégico de la distribución alimentaria con el objetivo de garantizar el abastecimiento a la población y recuerda que, aunque la Estrategia Nacional de Alimentación contempla la redacción de este tipo de planes, "se hace urgente materializarla en hechos concretos".
Asimismo, Asedas recuerda que las empresas del sector, tras cuantificar los daños provocados por el apagón, necesitan agilidad en la reparación de las pérdidas, que pueden afectar gravemente a la operatividad económica, especialmente, de las empresas más pequeñas.
El director general de Asedas, Ignacio García Magarzo, ha señalado que "la distribución alimentaria en España ha sido un ejemplo de fortaleza de servicio público y de garantía de abastecimiento de productos básicos, algo que se ha hecho más patente entre la sociedad durante las recientes crisis vividas, como la pandemia, la huelga de transporte de 2021, la erupción del volcán de La Palma, la tormenta Filomena o la Dana de Valencia. También durante el apagón eléctrico del pasado lunes, que ha puesto de manifiesto, una vez más, la necesidad de unir fuerzas para contar con un plan de crisis desde el Gobierno que nos asegure, como sector estratégico, la capacidad de operar y una protección y acciones extraordinarias ante daños en los productos o en las instalaciones".