Valladolid
Las solicitudes de ayuda para la promoción de productos agroalimentarios en el mercado interior y en países terceros se desploman por la maraña burocrática impuesta desde Bruselas.
La Unión Europea implantó en 2016 entre los 27 Estados miembros un programa de ayudas para desarrollar acciones de promoción alimentaria tanto en el mercado comunitario y en terceros países con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de mercado a los agricultores de los Estados miembro y al conjunto de la industria alimentaria.
A estas ayudas pueden presentar sus propuestas y por tanto optar a la financiación comunitaria, interprofesionales, denominaciones de origen, organizaciones de productores y grupos agroalimentarios para la asistencia a ferias, campañas publicitarias y de comunicación, organización de eventos o acciones en puntos de venta. Descarguese aquí gratis la revista elEconomistaAgro
Hay dos tipos de programas; los denominados simples, que pueden presentar una o varias organizaciones del mismo país de la UE, y los múltiples, cuando se trata de al menos dos organizaciones nacionales de, como mínimo, dos Estados miembros, o bien una o varias organizaciones europeas. El gasto subvencionable varía entre el 70% y el 80% en función del ámbito geográfico de aplicación.
Durante estos años la Unión Europea ha destinado unos 185 millones de euros anuales para estos programas, divididos prácticamente a partes iguales entre los programas simples y múltiples.
La iniciativa, que ha permitido que las producciones agroalimentarias de los Estados miembros se acercasen a los consumidores europeos y de todo el mundo, está chocando con la cada vez más tupida maraña burocrática impuesta desde Bruselas, no solo en la presentación de las solicitudes sino en la acreditación de la realización de las actividades hasta el punto de que se está desincentivando a paso acelerado a los potenciales solicitantes.
Desde una entidad que ha concurrido a estos programas se aseguraba a elEconomista.es que en Bruselas empieza a haber "extrañeza y preocupación" por la disminución de las solicitudes que se vienen registrando. Los datos, en este sentido, son clarificadores. En el caso de los programas simples, tradicionalmente los más demandados, las peticiones se han desplomado un 30,9 por ciento desde 2021, año en el que se presentaron 142 propuestas frente a las 98 registradas en la convocatoria de 2023, que comenzarán a ejecutarse el próximo año.
En el caso de los programas múltiples la caída también es notable. En este caso, según los datos de la Comisión Europea, las peticiones han pasado de las 35 de 2019 a las 21 de la convocatoria resuelta hace unas pocas semanas.
Aunque uno de las solicitantes de convocatorias anteriores aseguraba que "nosotros como asociación no las vamos a pedir más porque consideramos que hemos cumplido una etapa y hemos decidido emprender otros caminos", reconocía que en la caída de las peticiones "hay una relación directa" con el aumento de la burocracia: "Ha sido muchísimo el volumen de trabajo, ha sido un horror, con contacto permanente con los proveedores y los organismos de gestión. Ese trabajo no se estaba empleando en otro lado".
Los problemas se centran fundamentalmente a la hora de justificación de aspectos como la trazabilidad de las facturas. "Hay veces que no se puede cumplir lo que nos piden. A la hora de garantizar la trazabilidad de las facturas hay veces que los proveedores de los proveedores no te lo quieren pasar porque no tienen tiempo y el problema es para ti".
Desde la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas aseguran que "efectivamente existe un exceso de burocratización que hace muy difícil la ejecución de programas de promoción. Además, no hay criterios claros de justificación de los costes. Todo ello, ha supuesto que FEPEX y la mayoría de las organizaciones españolas no soliciten programas".
La acreditación de la realización de las actividades exige aportar "evidencias" de que las actividades de promoción subvencionadas se han realizado, una tarea que está obligando a justificar que las notas de prensa se han enviado y recibido, a que se tengan que presentar fotos georreferenciadas de los lugares donde se han celebrado acciones o que los invitados a una comida de promoción de alimentos tengan que estampar su firma para acreditar su asistencia.
La burocracia va, sin embargo, mucho más allá, a veces hasta rayar en lo grotesco. Así por ejemplo, se han dado casos en las que se exigía a la entidad beneficiaria de las ayudas que acreditase que el contrato del conductor de la empresa a la que se ha solicitado un servicio de autobús cumple con la legislación laboral. O que el origen de las plantas de decoración utilizadas en un evento no procede de una zona deforestada.
Penalizaciones
Pero junto a la creciente dedicación de recursos humanos para esas tareas de acreditación, que afecta fundamentalmente a las asociaciones más pequeñas con menos recursos, las penalizaciones juegan un papel fundamental a la hora de explicar el creciente desinterés por las ayudas de promoción agroalimentaria. Cuando un gasto no se justifica debidamente, según los criterios de Bruselas, se ha de devolver la cantidad recibida y una multa por el mismo importe.
Unas sanciones -similares a las que se imponen cuando en las ayudas de Desarrollo Rural-, que están trayendo de cabeza a algunas Interprofesionales y asociaciones. En algunos medios se asegura que pese al rigor de las auditorías llevadas a cabo por la empresa pública Tragsa, que ha sido contratada por el FEGA como organismo pagador, hay cierta flexibilidad. "No te meten en un callejón sin salida y puedes justificar las acciones con otra documentación". Sin embargo, en otros medios consultados por elEconomista.es, ven un "exceso celo" por parte de la Administración española, que vinculan a un intento de tener mayor seguridad jurídica ante una posible sanción de la UE.
En el sector, el sentimiento es unánime: "Si a las crecientes dificultades burocráticas que obligan a incrementar los recursos humanos para justificar las acciones, unes las sanciones, al final llegas a la conclusión de que no compensa presentarte y es mejor limitarte a acciones con fondos propios", afirman desde una Interprofesional que también ha descartado presentarse a nuevas convocatorias.
Productos bio y bienestar animal, nuevas directrices
La Comisión Europea ha publicado recientemente el listado de los 68 programas simples y múltiples elegidos de las 119 propuestas presentadas en 2023 por distintas entidades de los Estados miembros para acogerse a las ayudas, que dispondrán de un presupuesto de 185,9 millones, que se divide entre la promoción en el mercado interior (81,3 millones) y en terceros países, 85,1 millones.
En línea con la estrategia De la granja a la mesa se potencia que en las campañas seleccionadas figuren productos procedentes de prácticas agrícolas sostenibles que contribuyan a reducir la dependencia de plaguicidas y antimicrobianos, a minimizar la fertilización y la contaminación del agua, a reducir las emisiones de gases invernadero, a fomentar la agricultura ecológica y a mejorar el bienestar animal.
