Javier Garat, secretario general de Cepesca, inicia el año con grandes retos para el sector tanto en España como en Europa.
¿Qué opinión le merece el resultado de las recientes negociaciones de TAC y cuotas de pesca para 2023?
Considero que son resultados desiguales en función de las distintas pesquerías y flotas. El incremento de cuotas para especies como la merluza, el gallo, el rape, la caballa o el merlán en aguas del Cantábrico Noroeste y del Golfo de Cádiz supone una buena noticia para las flotas beneficiadas, pero el resultado para los pescadores del Mediterráneo ha sido decepcionante y, además, se ha recortado en un 7% de los días de pesca. Esto significa que muchos barcos van a disponer de menos de 150 días para pescar al año, sumado al hecho de que se han cerrado muchas zonas para proteger ejemplares juveniles y reproductores. Los pescadores del Mediterráneo, que ya están al límite y han hecho grandes esfuerzos en los últimos tres años para revertir la situación de las poblaciones de peces, han visto cómo el comisario Sinkeviius no ha reconocido estos sacrificios y ha forzado un nuevo giro de tuerca que pone en peligro la viabilidad de muchas empresas de las cinco autonomías mediterráneas, sin esperar a conocer los resultados positivos de las medidas ya aplicadas.
El Gobierno acaba de constituir la mesa de la Ciencia Pesquera. ¿Qué beneficios podría aportar?
Creemos que las decisiones sobre gestión pesquera deben basarse en la mejor ciencia disponible y, por eso, llevamos años colaborando con profesionales de este sector. Por tanto, necesitamos un organismo que sea muy práctico y que realmente ofrezca respuestas a nuestras necesidades, habilitada para enfrentar los problemas que se presenten.
Tanto en el escenario internacional como en el europeo nos topamos con muchos actores que quieren acabar con la pesca y con los productores de la proteína animal más saludable del mundo y con menor huella de carbono en su producción. El pescado, además, es altamente beneficioso para la salud e, incluso, produce felicidad de forma natural, generando serotonina, pero quienes piensan lo contrario suelen usar una ciencia "manipulada". Necesitamos contar con posiciones independientes para defender los intereses de España y de nuestros pescadores. Si queremos equilibrar la preservación de la biodiversidad con el uso sostenible de los recursos pesqueros y la seguridad alimentaria, necesitamos basarnos en los datos que aporta la ciencia y no en las emociones en las que se apoyan las campañas demagógicas.
A nivel internacional, el sector deberá afrontar la reforma de la Política Pesquera Común. ¿Cuáles son los principales retos?
Por el momento estamos observando que la UE no tiene voluntad de aplicar cambios; se está limitando a insistir en su correcta aplicación y en aumentar los controles. Nosotros defendemos que el problema no es la aplicación, sino el mal diseño de ciertas normas; es el caso de la obligación de desembarque, sobre la que las voces de no pocos científicos proponen un replanteamiento y el uso de un enfoque distinto que evite capturas no deseadas y que también elimine los descartes. Asimismo, el sector y los científicos subrayamos la imposibilidad de alcanzar el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) para todas las especies al mismo tiempo y la necesidad de revisar algunas medidas de la propuesta de Reglamento de Control como el margen de tolerancia, igualmente imposible de cumplir. En cuanto a los efectos del cambio climático, es evidente que debemos seguir de cerca las consecuencias. Vemos cómo millones de peces se desplazan ahora hacia el norte; la merluza, por ejemplo, llega ahora hasta Noruega, y esto está generando nuevos conflictos entre países. Querríamos que la Comisión Europea fuera más sensible con el sector pesquero, con los pescadores y con los agricultores, ganaderos y productores de alimentos en general. Nos gustaría que reconociera los sacrificios realizados y que ayudase a proteger la soberanía alimentaria. Hemos asistido ya a traumáticos cambios por la dependencia del gas ruso, por las materias primas de China y por la pandemia Ojalá no termine ocurriendo lo mismo con los alimentos.
El Parlamento acaba de aprobar la Ley de Pesca Sostenible, ¿cree que el texto se adecúa a la realidad diaria del sector pesquero español?
Nos hubiera gustado que hubieran tenido más en cuenta nuestros comentarios porque de las 46 propuestas de modificación que presentó Cepesca solo se han aceptado un par de ellas. Afortunadamente, hemos conseguido que no se modificaran los criterios de reparto de las posibilidades de pesca, porque eso hubiera provocado serios perjuicios a muchas empresas, atentando incluso contra la seguridad jurídica de las mismas. No obstante, no se han aceptado otras enmiendas sobre asuntos que nos preocupan. Una de ellas es la que se refiere a la posibilidad de dar entrada en el censo cerrado a buques que no tengan derechos históricos, porque eso puede romper el equilibrio conseguido durante los últimos años. Por otro lado, vemos que quedan muchos artículos pendientes de desarrollo reglamentario y esto nos genera gran inseguridad.
El sector se muestra especialmente preocupado por el artículo que se refiere a la gestión de las posibilidades de pesca no utilizadas. ¿Por qué?
El Gobierno ha decidido considerar las cuotas pesqueras como "un bien común", no como una propiedad de los armadores, y por eso prevé expropiárselas a quienes no las utilicen durante dos años seguidos. Quieren acabar con lo que ellos llaman "armadores de sofá", es decir, aquellos que alquilan sus cupos y no los pescan con sus barcos. En primer lugar, nuestros armadores consideran un insulto que el Gobierno utilice esta expresión para referirse a ellos pero, además, la medida podría suponer un enorme perjuicio para las empresas que llevan años invirtiendo para poder contar con las suficientes posibilidades de pesca y asegurar su rentabilidad a futuro. La ley no incluye un plan de descarbonización de la flota ni una estrategia de adaptación de la pesca al mismo.
