Zaragoza
El Partido Aragonés (PAR) va a defender en el próximo pleno de la Diputación Provincial de Huesca la regulación y soluciones para tratamiento de las tradicionales quemas de los residuos vegetales y restos de podas en las explotaciones agrarias de acuerdo con las necesidades de los agricultores y sin que les suponga inconvenientes ni perjuicios. De esta manera, se incide en una norma clara, estable y favorable al sector agrario aragonés.
Esta propuesta de resolución del PAR se justifica porque existe una "maraña legal" desde este año con las nuevas normas que, además, van a caducar. La propuesta también viene avalada por el "malestar e inquietud" generado entre los agricultores y las perspectivas de incertidumbre que, "deben ser resueltas", para eliminar los restos que suponen un riesgo de plagas e incendios. En concreto, se alude a los restos agrícolas y residuos generados por la imprescindible poda de árboles frutales, almendreras, oliveras o viñas, entre otras, y su arranque.
Con este objetivo, la propuesta de resolución insta "al Gobierno central y de Aragón, y a sus correspondientes ministerios y departamentos afectados, a coordinarse y regular de acuerdo con las necesidades de los agricultores aragoneses, las soluciones precisas al tratamiento y, en su caso, tradicionales quemas, de los residuos vegetales y restos de podas en las explotaciones agrarias que, en modo alguno, supongan inconvenientes y perjuicios para sus titulares".
Desde el PAR se indica que "la legalidad en adelante, además, se complicará todavía en mayor medida si se confirma la expectativa actual", por lo que se incide en la necesaria eliminación de esos restos para prevenir plagas o la propagación de incendios. La formación señala que la habitual quema de esos residuos, ya "sometida a necesarios requisitos", "ha derivado en prohibiciones, autorizaciones extraordinarias e incompletas, perspectivas de incertidumbre, que deben ser resueltas por la trascendencia de estos cultivos y producciones, sustento de muchas familias en nuestras comarcas".
En este sentido, desde el Partido Aragonés se recuerda que la Ley estatal 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular introdujo como novedad, prohibía bajo sanción, con carácter general, desde este año, esas quemas que "sólo se permitiría excepcionalmente, mediante autorización por razones de carácter fitosanitario, para evitar la propagación de plagas en las propias plantaciones, montes o explotaciones vecinas". Frente a esa limitación, desde el Gobierno de Aragón se emitió una orden estableciendo las condiciones por razones fitosanitarias en la campaña 2022-2023 para el almendro, frutales de hueso, frutales de pepita, olivar, viñedo, así como a la actividad forestal (choperas, coníferas...).
Esta norma aragonesa, añaden desde el PAR, autoriza las quemas tras la obtención de certificados, informes y permisos y equivale "a salvar o sortear los obstáculos interpuestos repentinamente por la Ley de residuos. No obstante, por una parte, "no incluye otro tipo de actividades agrarias como pueden ser los huertos familiares, tan abundantes en las localidades del medio rural e incluso urbano" y por otra, además de imponer trámites, "incluye fecha de caducidad en la actual campaña, de manera que queda en el aire la situación de cara a próximas campañas".
Para el PAR, el horizonte es "incierto" porque "a resultas de la toma de conciencia de que la prohibición general resultaba excesiva e incluso contraproducente", durante la actual tramitación parlamentaria en las Cortes generales de la nueva "Ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas", se ha incorporado vía enmienda, una nueva disposición final que suprime el apartado restrictivo de la citada Ley de residuos.
En este sentido, desde el PAR se incide en que "podría pensarse que estas circunstancias negativas quedan despejadas", pero "no será la solución definitiva porque la propia condicionalidad de la PAC, a su vez, prohibiría esas quemas, con sus consecuencias inherentes para los beneficiarios de las ayudas de la Política Agrícola Común, esencial para las explotaciones agrarias y sus titulares".
De esta forma, "mientras los huertos familiares (que no acceden a la PAC) quedarían 'desregulados'' los agricultores, beneficiarios de la PAC, cuya tarea habitual supone generar restos vegetales y de podas o arranques se verían bajo otra nueva e incierta regulación", añaden desde la formación.
Finamente, también detallan que, "en el caso de eliminarse por completo las quemas, las explotaciones deberían tratar estos residuos mediante forzoso triturado (en algunos casos ya se realiza) o traslado a gestores habilitados para su destrucción, con nuevos costes o también con riesgos (de plagas, propagación de incendios...) en su defecto".
