Barcelona
Ya antes de saltar a la escena pública para rescatar empresas durante la pandemia, la Sepi y sus homólogos autonómicos jugaban un papel de impulso y apoyo a las compañías del país. En el caso de Cataluña, Avançsa es la sociedad que agrupa las participaciones industriales de la Generalitat y actúa a veces como fuente de financiación de firmas en el territorio. No siempre con buen tino, a ojos de los auditores. El último informe de la Sindicatura de Cuentas le da un tirón de orejas por un crédito concedido a la firma de distribución Ulabox que, a su juicio, no estaba justificado.
Antes del estallido de la pandemia, la empresa pública y el supermercado online llegaron a un acuerdo para un préstamo de 1 millón de euros que ayudase a la organización a impulsar su crecimiento. La tecnológica entonces controlada por la portuguesa Sonae acumulaba 14 millones de euros en pérdidas entre 2009 y 2018 y el apoyo público le sirvió para mantener su hoja de rutas.
Con Àngels Chacón como consellera d'Empresa y presidenta de Avançsa y Josep Solà como director general de Avançsa, el holding dio luz verde al instrumento. Se da la circunstancia de que Ulabox estuvo inmersa en plena polémica independentista cuando en noviembre de 2017, apenas un mes después del referéndum, su entonces director de marketing, Arnau Grinyó, acompañó al empresario Oriol Soler, investigado en la Operación Voloh por la financiación del procés, a una reunión con Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres.
Ahora, un reciente informe de la Sindicatura de Cuentas considera que el crédito -que se liquidó de manera anticipada en el marco de la compra de Ulabox por parte de la checa Rohlik- nunca debió concederse al utilizarse dinero público sin estar justificado.
Ulabox no tenía en mente internacionalizarse, algo requerido para este tipo de créditos públicos
El organismo lamenta que la empresa "no disponía de una due dillingence", algo exigido para concederse el préstamo. "La Sindicatura no tiene evidencia que posteriormente se haya realizado ninguna. A pesar de ello, Avançsa consideró que el proyecto era elegible y acordó otorgar el crédito. Esta decisión no está adecuadamente justificada", sentencia.
Además, la institución que encabeza Miquel Salazar advierte de otros puntos débiles en la candidatura de Ulabox. Para empezar, que no pretende internacionalizarse cuando uno de los criterios para la concesión de la ayuda es "el desarrollo de una innovación de ruptura que permita competir internacionalmente". En segundo lugar, el escaso control que mantenían los fundadores, David Baratech, Jaume Gomá y Sergi de Pablos, (-15%) del capital y las dificultades para cumplir con su plan estratégico visto el histórico de pedidos de la start up.
Las críticas de la Sindicatura se producen a pesar de que el préstamo se pudo devolver. Fue el pasado mes de marzo, un mes antes de que trascendiera la adquisición de la empresa por parte de Rohlik.
Avançsa se defiende: Ulabox devolvió el crédito
En su escrito de defensa, Avançsa admite que Ulabox solo tenía presencia en Cataluña, pero que tenía que consolidarse en el territorio antes de plantearse la expansión internacional. Además, defendía que fue pionera en España en el negocio de los supermercados online.
El holding sostiene además que sí había una due dilligence realizada, pero que "no se pudo compartir con Avançsa -que sí tuvo acceso limitado a ella- al ser propiedad de otros inversores".
"Ulabox procedió a amortizar el préstamo el 3 de marzo y se recuperó la inversión con una rentabilidad del 10,5%", saca pecho la organización.
