El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que garantiza el cumplimiento de la legislación en materia de bienestar animal con la implantación obligatoria en los mataderos españoles de sistemas de videovigilancia.
Gracias a este decreto, España será el primer país de la Unión Europea con sistemas de videovigilancia para el control del bienestar animal (SVBA), los cuales, permitirán la realización de controles adicionales a los que ya se efectúan en los mataderos, como destaca el Ministerio de Consumo.
La normativa permitirá establecer herramientas adicionales de control que garanticen que, en todos los mataderos españoles (incluidos los móviles), se minimice el sufrimiento animal, por ejemplo, durante la descarga, el traslado, la estabulación o el aturdimiento de los animales.
"Se trata de una norma que sitúa a España a la cabeza de Europa en esta materia y que, además de garantizar el bienestar de los animales durante su permanencia en los mataderos, mejora también las garantías de seguridad alimentaria para los consumidores", ha valorado el ministro de Consumo, Alberto Garzón.
De este modo, las cámaras de videovigilancia deberán abarcar las instalaciones en las que se encuentren animales vivos, incluyendo las zonas de descarga, los pasillos de conducción y las zonas donde se proceda a las actividades de aturdimiento y sangrado hasta la muerte de los animales.
Además, los sistemas de videovigilancia no serán obligatorios en las zonas de espera donde se encuentran los medios de transporte con animales vivos antes del inicio de la descarga, pero las empresas sí deberán llevar un control del tiempo de permanencia de los animales en los vehículos.
En el caso de aves y porcinos, la instalación de las cámaras deberá permitir la grabación del escaldado para poder comprobar que no se someten a esta operación animales que presenten signos de vida.
Los responsables de los mataderos deberán guardar las imágenes relativas a la descarga, alojamiento en los corrales, conducción a la zona de aturdimiento, la sujeción, el aturdimiento y el sangrado hasta la muerte para posibles comprobaciones a posteriori por parte de los correspondientes servicios de control oficial de las Comunidades Autónomas. También tendrán que asegurar la reproducción, la copia o la transmisión de las mismas a otros dispositivos con igual calidad que la grabación original.
Tras la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los grandes mataderos tendrán un plazo de un año para adaptarse a la nueva normativa y los pequeños, dos.
Los veterinarios, marginados
La ONG Equalia ha criticado que el Gobierno permita que el visionado de imágenes de los sistemas de videovigilancia en los mataderos corra a cargo de éstos y no de veterinarios en las comunidades autónomas.
Equalia señaló que hace tres años inició la campaña 'Ley de Cámaras de Videovigilancia en Mataderos' para garantizar "de manera efectiva y rigurosa" el cumplimiento de las normativas de bienestar animal y seguridad alimentaria.
Así, elaboró un protocolo de acción junto a los servicios veterinarios del sector cárnico que fue presentado y adoptado por varias empresas, y que incluía tres medidas: la ubicación de cámaras en todas las zonas de manipulación de animales vivos; el almacenaje de las imágenes durante un mes, con el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal; y el acceso a las imágenes para su revisión por parte del servicio oficial de veterinarios de cada comunidad autónoma, además del operador de la instalación.
Primer paso
El director de Equalia, Guillermo Moreno, ha subrayado que el real decreto supone "un primer paso", si bien tiene "algunos puntos débiles, como el visionado de las imágenes". "El tratamiento del visionado recaerá principalmente en el operador (matadero), y no en el servicio de veterinarios oficiales de la comunidad autónoma, además de no especificar un procedimiento exhaustivo de revisado de imágenes en lo que se refiere a la periodicidad y el tiempo de visionado de las mismas", añade.
La industria, a favor
La industria cárnica, representada por Anice (Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España), siempre ha abogado por la instalación de cámara en los mataderos, al tiempo que recuerda que, además de operar bajo las normativas europeas, "de las más completas y exigentes del mundo", la industria cárnica trabaja en protocolos de bienestar animal que van más allá de estas normas y que están certificados por entidades control independientes.
En este sentido, ya en su junta general, celebrada el 28 de marzo, Anice, aprobó solicitar al Gobierno modificaciones legales para garantizar la instalación de sistemas de videovigilancia en los mataderos ante el impacto en la opinión pública de "esporádicas malas prácticas".
