Madrid
Desde 2014, la Comisión Europea supervisa los avances digitales de los Estados miembros y publica cada año los informes del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI). En estos textos, la institución incluye tanto los perfiles por país, que ayudan a los Estados miembros a detectar aquellas áreas que requieren una actuación prioritaria, como capítulos temáticos, que aportan un análisis a escala de la UE en ámbitos digitales de actuación clave. España ocupa la novena posición entre los 27 Estados miembros en la última edición del DESI y obtiene unos buenos resultados en materia de servicios públicos digitales gracias —señala el organismo— a la estrategia digital por defecto aplicada en toda su administración central. El país también obtiene muy buenos resultados en el ámbito de la conectividad, aunque persisten algunas diferencias entre las zonas urbanas y las rurales.
En cuanto al capital humano, España no está tan bien posicionada. A pesar de haber mejorado en los últimos años, el país ocupa el puesto 12. Existe mucho margen de mejora, especialmente en el indicador de especialistas en tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC). Sobre la integración de las tecnologías digitales, España ocupa la décimo sexta plaza, con una puntuación que coincide con la media de la UE y que ha aumentado considerablemente el número de pequeñas y medianas empresas que comercializan sus productos a través de Internet.
A priori, no son malos datos. España no está en la cima de la digitalización, pero tampoco a la cola. Las empresas no están aprovechando todo el potencial de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el big data o la nube, que podría contribuir a un mayor desarrollo de la productividad y el comercio electrónico. En este sentido, en 2021 se puso en marcha el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025 para impulsar la innovación disruptiva y el emprendimiento en el ámbito digital, se adoptó una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y se priorizó convenientemente la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
El presupuesto de dicho plan ascendía a los 69.500 millones de euros. Las reformas apuntaban a promover la digitalización de las empresas, reforzar las competencias digitales de la población española, mejorar la conectividad digital en todo el país, continuar la digitalización de las administraciones públicas y apoyar la investigación y el desarrollo relacionado con el ámbito digital, así como la implantación de las tecnologías digitales.
El 36% de la población activa española aún no tiene competencias digitales básicas
Con el objetivo de mejorar las competencias digitales de la población, el plan apuntó medidas específicas para promover la digitalización del sistema educativo, programas ambiciosos para impulsar el perfeccionamiento y el reciclaje profesional de la población activa e iniciativas específicas para desarrollar competencias digitales avanzadas en tecnologías clave.
Escasos de competencias
Según el último DESI, el 57% de la población española tiene al menos competencias digitales básicas, justo por encima de la media de la Unión, pero lejos todavía del objetivo de lograr que el 80% de la población europea tenga al menos competencias digitales básicas para 2030, objetivo definido en el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derecho Sociales. Además, el 36% de la población activa española aún no tiene competencias digitales básicas, lo que dificulta el proceso de la digitalización de las empresas y la aceptación de tecnologías digitales avanzadas.
En el informe España Digital 2025, elaborado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se señala que una de las prioridades principales de la estrategia digital española es la de apoyar las capacidades digitales de su población. El estudio subraya que el porcentaje de personas sin competencias digitales básicas en la UE es del 42%, mientras que en España esa cifra se sitúa en el 43%. Además de estas competencias básicas, la población requiere competencias avanzadas para poder desplegar una actividad más elaborada. En el caso de la población activa, son necesarias habilidades digitales específicas ligadas al trabajo desempeñado, como el manejo de herramientas digitales complejas. Según estimaciones de la CE, al menos el 90% de los empleos ya requieren disponer de competencias digitales básicas (sin embargo, en 2019, el 36% de la fuerza laboral carecía de dichas competencias).
Para coser la brecha entre las habilidades de los profesionales y las necesidades del mercado laboral, el sistema educativo y la formación a lo largo de toda la vida juegan un papel clave, tal y como recoge el Plan de Acción de Educación Digital de la CE. Los estudiantes de primaria, secundaria y los de formación profesional deben tener garantías de que adquirirán en el sistema educativo las competencias digitales demandadas por la sociedad. La Formación Profesional y la Universidad, junto con las empresas, deberán realizar las adaptaciones necesarias para garantizar que los trabajadores actuales y futuros dispongan de las competencias requeridas.
Porque esta carencia de personal cualificado es un problema para la digitalización. Según la consultora Gartner, el 64% de los ejecutivos señalan que la falta de talento es el mayor freno para la innovación digital. El contexto actual y la necesidad del reciclaje profesional de la fuerza de trabajo ya han impulsado con fuerza conceptos como upskilling (adquirir nuevas competencias necesarias para desempeñar un mismo puesto), reskilling (reciclaje y preparación de un profesional para cambiar de puesto de trabajo) y lifelong learning (el aprendizaje durante toda la vida para adquirir habilidades y conocimientos periódicamente con los que no perder el tren de los avances digitales).
Entre 75 y 375 millones de trabajadores (entre el 3% y el 14% de la fuerza laboral mundial) deberán cambiar de categoría ocupacional para 2030 según el estudio Jobs lost, jobs gained: workforce transitions in a time o automation, elaborado por la consultora McKinsey. Si el presente es digital, no digamos el futuro. Los profesionales tienen que prepararse y adquirir nuevas habilidades y conocimientos de la mano de aquellas instituciones educativas que ofrecen una formación de calidad, rigurosa y adaptada a estas nuevas necesidades. Por ello, elEconomista ha elaborado este especial en el que, por tercer año consecutivo, analiza el panorama educativo iberoamericano.
