Carles Puigdemont ha anunciado que volverá a Cataluña si es nombrado eurodiputado en las elecciones del próximo 26 de mayo, a las que se presenta como cabeza de lista por JxCat. Según ha desgranado este martes, su plan pasa por volver a casa con el acta de la Eurocámara pues le otorgaría "inmunidad" en toda la Unión Europea, incluido España. Sin embargo, un análisis rápido parece dar al traste con su planteamiento rontundo.
En una entrevista en Rac1, el expresident de la Generalitat ha asegurado que tal protección empieza cuando uno es elegido eurodiputado y que "la última palabra" para hacer oficial su acta, "la tiene Europa, no la Junta Electoral central".
En contra de la pretensión de Puigdemont caben destacar dos escenarios: el primero, que para poder presentarse como eurodiputado por España necesita o permiso de la Junta Electoral Central (JEC) para hacer los trámites desde la embajada o acudir al país. En caso contrario, tendría que luchar esta opción en los tribunales. El segundo, que son las juntas electorales de cada Estado las que envían al Parlamento Europeo el listado de diputados que han acatado la Constitución en el Congreso. De hecho, la JEC no remite al Parlamento Europeo la lista de todos los diputados electos, sino sólo de aquellos que efectivamente cumplieron con este trámite necesario para recoger el acta de eurodiputado para poder presentarse en Estrasburgo.
Es el artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral Genera (LOREG) el que obliga al expresident a pisar España y acudir al Congreso para jurar o prometer la Constitución como paso previo a la validación del acta por parte de la Eurocámara, planteamiento este que da al traste con su plan 'inmune' y que derivaría en su detención inmediata en cumplimiento de la orden judicial que pesa sobre el huido. Además, el referido artículo 224.2 establece en cinco días el plazo entre la elección y el acto de acatamiento de la Constitución, remitiendo como vacantes a la Eurocámara a quienes no hayan comparecido.
Puigdemont parece acogerse en sus declaraciones al hecho de que la ley no establece que la recogida del acta tenga que ser presencial, extremo que para el que podría obtener permiso. Pero si librara este supuesto, lo que no podría eludir sin acudir a los tribunales europeos es el acto presencial en el Congreso para acatar la Constitución, acto necesario e indelegable.
Además, si Puigdemont insistiera en recoger su acta de eurodiputado tendría que renunciar al acta del Parlament en cumplimiento del artículo 211 de la LOREG, que incompatibiliza tener un acta del Parlamento Europeo con la de otras cámaras regionales.
Ajeno a esta realidad, el expresident ha advertido a España durante la entrevista del riesgo que conllevaría su dentención pues el Estado se arriesga, ha asegurado, "a que le apliquen el artículo de expulsión de la UE". Un as que puede guardarse en la manga es el de reclamar al Tribunal de Justicia de la UE buscando la primacía del derecho europeo y abriendo, en tal caso, un procedimiento legal que podría serle favorable.
Las dudas sobre la posibilidad de detención a la que se arriesga el expresident para recoger el acta de eurodiputado en España no se hicieron esperar tras anunciar Elsa Artadi el pasado domingo que Puigdemont concurrirá el 26-M como cabeza de lista de JxCat tras la reunión de ese grupo parlamentario con el Consell Nacional extraordinario del PDeCAT en la que acordaron presentarse bajo esas siglas.
