Este martes empieza la vista oral del juicio del referéndum. Y lo hace con la atipicidad que supone la ausencia del máximo responsable del hecho que se juzga, Carles Puigdemont, que de momento no se enfrenta a la justicia española. Quien sí lo hace es Oriol Junqueras, su vicepresident, que encara una pena de hasta 74 años de cárcel -lo que pide la acusación popular, de la mano de Vox-. Los delitos y penas que piden la Fiscalía y el Abogado del Estado son inferiores, y diferentes entre ellos (ver tabla). En un primer momento, ambos optaban por acusar de rebelión. Pero el primer gesto de Pedro Sánchez cuando llegó a la Moncloa fue cambiar el criterio de la Abogacía del Estado y optar por la sedición, que comporta penas menores.
Con todo, Moncloa y Generalitat se hallan en polos opuestos y han ideado acciones para defender, cada uno, una postura radicalmente diferente sobre el juicio del procés. La tesis del Gobierno se vertebra en la defensa de que España es una democracia plena y que el juicio cuenta con todas las garantías. Con la visita de Sánchez al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo -precisamente donde los acusados independentistas quieren hacer llegar su causa en última instancia-, el presidente español defendió el sistema judicial español como "uno de las más garantistas del mundo" y con una "separación de poderes definida".
En la misma línea se sitúa la acción emprendida por el ministro de Exteriores, Josep Borrell, de redefinir el organismo de promoción de la Marca España. Lo ha bautizado como España Global y lo ha dotado de más recursos. El mismo Bo-rrell ha enviado a los medios internacionales un dossier de prensa en el que explica la composición del Tribunal Supremo, quiénes son los acusados y los delitos que se les imputan, y pone nombre a las defensas y a las acusaciones -la de la Abogacía del Estado, la Fiscalía y la acusación popular, sin mencionar aVox.
En el lado completamente opuesto está la tesis del Govern y la mayoría soberanista del Parlament, que no confía en un juicio justo. Para conseguir que la información llegue "sin filtros ni interferencias de la campaña de marketing delGgobierno español", la Generalitat habilitará en el Centro Cultural Blanquerna de Madrid un espacio para que puedan seguir el juicio los me-dios internacionales.
División independentista
De todos modos, entre los soberanistas, no hay unión, lo que se plama en que cada bloque se toma la campaña internacional contra la justicia española por su cuenta. Tanto Puigdemont, como Quim Torra, Alfred Bosch (el conseller de Acción Exterior) y ERC tienen agendas propias en el extranjero.
La separación también se corrobora en la tensión entre bloques independentistas. ERC y JxCat están comprometidos a compartir el Go-vern solamente hasta que se dicte sentencia. Y todavía más acentuada es la discrepancia respecto a la CUP: el partido de extrema izquierda presentó el jueves una moción en el Parlament a favor de la vía unilateral, que no recibió el apoyo ni de ERC ni de JxCat.
Con todas estas batallas diplomáticas e ideológicas se llegará a las elecciones municipales y europeas en mayo. El Supremo baraja la op-ción de ampliar el juicio de lunes a sábado para poder acabar la vista oral antes de los comicios, si bien la alternativa es complicada por los 500 testigos que alberga la causa. La intención inicial es que las sesiones sean los martes, miércoles y jueves, y la sentencia está prevista para después de verano.
Afectaciones económicas
La causa independentista se trasladará, paralelamente, de los tribunales a las calles. El día clave se prevé el 21 de febrero, cuando la soberanista Intersindical-CSC ha convocado una huelga general suscrita por todas las entidades y grupos parlamentarios organizadores de actos y movilizaciones de corte independentista.
A su vez, la CUP, que considera que las instituciones catalanas "no están haciendo una defensa activa de los derechos civiles", ha hecho un llamamiento a todos los barrios y pueblos catalanes para que organicen huelgas y movilizaciones. El objetivo es "parar toda Cataluña" el 21 de febrero.
Hay que tener en cuenta también el paro de diez minutos que se ha convocado en todos los centros de trabajo catalanes al mediodía del martes, así como las concentraciones que tendrán lugar en varias localidades catalanas por la tarde.
Los comerciantes se quejan de la utilización del centro de la capital catalana como zona de reivindicación porque, al tratarse del punto neurálgico para el comercio, las ventas se resienten. Por ello, la movilización independentista del día 16 se ha convocado en la mitad izquierda de la Gran Vía, aunque la unionista del día siguiente -domingo 17- será en Urquinaona.
