El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha amenazado con romper el apoyo a las políticas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevé aprobar por la vía del decreto ley a falta de unos Presupuestos para el próximo año, si no se incluyen medidas que limiten el crecimiento de los precios del alquiler, algo que el Ejecutivo no incluyó en el último paquete de medidas aprobado en materia de vivienda.
A través de varios mensajes en su cuenta oficial de Twitter, Iglesias ha sentenciado que Sánchez "debe poner orden" y cumplir con el acuerdo presupuestario que consensuó con Unidos Podemos para que la vivienda "sea accesible para el conjunto de la ciudadanía".
"Si no cumplen no podrán contar con nuestros votos para sacar adelante sus decretos", añade el líder de Podemos, al mismo tiempo que agrega la expresión latina 'Pacta sunt servanda', que se traduce por 'lo pactado obliga'.
Iglesias alude así al compromiso adquirido por el presidente del Gobierno cuando, según recuerda, firmó "personalmente ante la prensa" varias medidas dirigidas a reducir el precio de los alquileres y facilitar el acceso a la vivienda.
Pese a que admite que en las últimas semanas algunas de estas medidas se han hecho realidad, ha mostrado su preocupación al haber quedado otras "paralizadas" por supuestas "disputas dentro del Consejo de Ministros".
"Cesión" ante fondos buitre
En concreto, el líder de la formación morada apunta que la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, podría haberse posicionado en contra de las medidas que han quedado en el tintero por "presiones de fondos buitre", los mismos a los que Iglesias culpa del "brutal" encarecimiento de los alquileres.
"Al Gobierno le resultará muy difícil justificar que los intereses de los fondos buitre se pongan por delante del derecho a la vivienda, recogido en el artículo 47 de la Constitución", advierte.
En la misma red social, la portavoz del partido, Irene Montero, ha manifestado que "parece que el Gobierno ha cedido a las amenazas de los fondos buitre", aprovechando la repercusión mediática que este viernes causó la condena a la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella y a los que fueron concejales en su equipo de Gobierno por parte del Tribunal de Cuentas por la venta de 18 promociones de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS) al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone, por debajo de su precio de mercado en el año 2013.
En esta misma línea se ha mostrado el secretario de Organización y Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, quien también ha dejado caer que "no se sabe si los buitres presionaron a la ministra Calviño para que les dejase seguir machacando a las familias españolas".
UN DECRETO QUE NO LIMITÓ LOS PRECIOS
El Consejo de Ministros aprobó el 14 de diciembre un real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que intentaban paliar la situación que se da en el mercado, y más específicamente en las grandes ciudades.
Entre las medidas estrella se encontraban la ampliación del plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda de 3 a 5 años y la de la prórroga tácita de 1 a 3 años, además de limitar la cuantía de la fianza a un máximo de dos mensualidades.
Sin embargo, el propio ministro de Fomento, José Luis Ábalos, descartó que este paquete de medidas incluyera intervenciones en los precios del alquiler, un punto que había pactado con Unidos Podemos. No obstante, el ministro dejó la puerta abierta a que en las negociaciones de los Presupuestos Generales que el Gobierno presentará en enero, se pueda incluir.
