El presidente Pedro Sánchez ha pasado de la Semana de Pasión en la que tuvo que dimitir su ministra de Sanidad, Carmen Montón, por el plagio de su Trabajo de Fin de Máster, a su peor viernes negro. Dejaba atrás el día en el que Albert Rivera, durante seis minutos y medio de reloj le asestaba un golpe en el mentón, exigiéndole que hiciera pública su tesis sobre la que sobrevuelan cada vez más sospechas de irregularidades.
Era la semana en la que el presidente no salía bien parado de la entrevista concedida a Ana Pastor en La Sexta, momento en el que afirmó que "no podemos convertir el Congreso en un lugar en el que se planteen cuestiones que no tienen que ver con la vida parlamentaria, sino que vienen a enturbiarla", fin de la cita.
Por eso, este nuevo septenario parecía otra cosa. De hecho, Sánchez se estrenaba con dos grandes golpes de efecto, dos redondadas, dos goles por la escuadra de sus adversarios: el lunes, con el anuncio de la eliminación de los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno -bien recibido por la clase política, salvo por el PP-, y el martes, con la argucia de meter de rondón, cuando sus señorías ya estaban bostezando, una enmienda a la Ley de Estabilidad Presupuestaria a través de la reforma de una ley orgánica que afectaba a la formación en Violencia de Género de los jueces, con la intención de dinamitar el veto del Senado y poder sacar las Cuentas Públicas, el único asidero que le queda a Pedro Sánchez para seguir como inquilino de La Moncloa.
Sin noticias de la erosión
La Operación Re-surrección de Sánchez, sin embargo, no ha tenido efecto, pese a que el Gobierno se obstina en silenciar la erosión en su comentido y las noticias que se han ido conociendo estos últimos siete días, lejos de aportar valor demoscópico, dañan la imagen ejemplar del presidente.
Y precisamente de quien menos podría esperar, de El País, a quien regaló la exclusiva de la enmienda a la senda fiscal, el miércoles tenía que ver publicado en sus páginas una información en la que se señalaba con todo lujo de detalles el nivel de plagio en un libro firmado por Sánchez y Carlos Ocaña, de una conferencia pronunciada por el actual embajador de Australia. Hasta las erratas estaban calcadas.
La respuesta de Pablo Iglesias, principal socio de Sánchez en la investidura, y para muchos, el que le mantiene con oxígeno en Moncloa hasta que vea el momento electoral de cortárselo, era elocuente: "Es bastante cutre plagiar". Sentencia y poco más que añadir. El mensaje dolía, porque esta vez no venía de sus adversarios situados en la derecha, como siempre sostiene el presidente. Lo de Iglesias ya no era "ruido". Era estruendo.
Comprometiéndose a subsanar en la próxima edición el olvido de citar la fuente, el presidente ha aceptado acudir al Senado. No le quedaba otra. Los populares tienen ahí mayoría. Además, ni PDeCat ni ERC están satisfechos con el boomerang en el que se ha convertido su tesis y al parecer cualquier tex-to que lleve firma de Pedro Sánchez.
En esta semana aciaga, que se las prometía de cambio de rum- bo, las empresas de software que sirvieron para desparasitar su tesis y decir que no tenía plagio relevante, salían en tropel para denunciar que el modus operandi de utilizar la aplicación no era el correcto, y que plagio, lo que se dice plagio, sí que habían detectado en la tesis del doctor por la UCJC, Pedro Sánchez. También se daba luz a otra noticia incómoda, la que relaciona a su ministra de Justicia, Dolores Delgado, con una operación siniestra en cuya ecuación se mezclan el exjuez Baltasar Garzón, con el excomisario José Villarejo. Una combinación más que explosiva.
Nueva rectificación
El desecho de tienta que ha supuesto para Sánchez el desenlace de esta semana lo cerraba ayer la respuesta de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ayer dio la razón a Pablo Casado por no encontrar delitos en el caso máster, y por otra parte, la URCJ archivaba las investigaciones sobre la licenciatura del líder del PP en ADE al no hallar irregularidades.
El viernes negro lo finalizaba el vigésimo noveno cambio de opinión del Gobierno socialista de Pedro Sánchez. De querer eliminar el lunes los aforamientos de diputados, senadores y ministros, Moncloa ha pasado este viernes a la limitación del fuero de los políticos, que solo afecta a los casos de corrupción en el ejercicio del cargo. Un cambio que puede quedarse en un brindis al sol, porque no cuenta con apoyos suficientes en la cámara.
La medida estrella se ha desdibujado, dejando en entredicho el compromiso de ejemplaridad. Además, súbitamente, el Gobierno socialista ya no tiene prisa. Y por eso no ha aprobado su propuesta de anteproyecto de ley. De momento, le ha pasado la pelota al Consejo de Estado, a quien le ha encargado un informe, que no es consultivo.
En definitiva, una nueva rectificación, o si se quiere, un salto cualitativo de concepto, donde ya no hay urgencia de 60 días para la tramitación de la reforma constitucional.
Con optimismo, Celaá afirmó ayer que el Gobierno presenta esta reforma "con el convencimiento de que la va a sacar adelante", pero Podemos no la apoyará si ésta no alcanza a la Monarquía.
El PP, por su parte, se mantiene en sus trece. Y Ciudadanos ha calificado de "tomadura de pelo" la última versión de los aforamientos.
