El Partido Socialista ha utilizado estos días, como arma arrojadiza, el carácter conservador de la juez Carmen Rodríguez-Medel, la persona encargada de la instrucción del caso Cifuentes y del máster de Pablo Casado, como si eso la inhabilitara para pensar y trabajar y ejercer sus funciones más allá de su ideología o adscripción profesional.
Debe pensar el Partido Socialista que los jueces tienen que obedecer a los dictados de pensamiento político, a ser posible de izquierdas, como vino a resumir un día aquel Alfonso Guerra, ufano por haberse cargado los tres poderes de Montesquieu, aunque más tarde, el vicepresidente llegó a negar aquella frase.
Desgraciadamente, las críticas de los políticos a los jueces son bastante frecuentes. La mayoría de las veces por sentencias y autos judiciales que no barren para sus casas. Por eso no es de extrañar que el PSOE salude ahora las conclusiones a las que llega la magistrada de Plaza de Castilla, porque colige que Casado ha cometido una ristra de delitos, por los que tiene que ir al Supremo, y que todo ello le incapacita para hacer oposición. Cuando Pepe Blanco se encontró en una situación similar no pensaban lo mismo.
La ideología de una persona nunca puede ser el elemento de juicio, si en sí no hace uso de ella de una manera sectaria. La independencia prevalece, pero el criterio profesional también. Y en esto de criterios profesionales, la actuación de la jueza que fuera asesora por unos meses de Rafael Catalá, a la que se ha calificado de minuciosa, ha sido cuestionado por una extraña razón: no permitir que Pablo Casado declarara de manera voluntaria, obviando la jurisprudencia penal del Tribunal Supremo, que para esto se apoya en la modificación aprobada por el Congreso del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La juez instructora, de haber completado su trabajo, probablemente habría llegado a las mismas conclusiones, e igualmente le habría atribuido indicios de delito al líder popular. Pero cabe esa duda. Una duda alimentada por la arbitrariedad aplicada en la instrucción de la causa, cercenando de antemano el testimonio de Pablo Casado, el conocimiento de sus pruebas, de su documentación, de los pagos de la matrícula, de la solicitud de convalidaciones y de la respuesta al cabo de seis meses, como demuestran las fechas, de las convalidaciones admitidas por la Universidad Rey Juan Carlos.
Las actuaciones judiciales, en efecto, también pueden ser criticadas. Vivimos en un estado de derecho en el que la libertad de expresión es una conquista, y el común de los mortales, claro que puede opinar. Y más cuando una extraña razón no alcanza a explicar por qué se ha lastrado el derecho del hoy presidente del Partido Popular a declarar de manera voluntaria. Una cuestión personal invalidaría la instrucción.
