Es la segunda vez que el poder judicial, a través de órganos distintos, se pronuncia para condenar al Ayuntamiento de Leganés, cuyo máximo exponente es el socialista Santiago Llorente, por la vulneración de derechos fundamentales de la Oposición. Concretamente, por impedir el acceso a la información a ediles de otro grupo municipal. Según la Justicia, se ha lesionado el artículo 23 de la Constitución Española. Leganés es uno de los municipios con mayor población de la Comunidad de Madrid, con cerca de 200.000 habitantes.
Ha sido el juzgado número 31 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid quien ha admitido la denuncia de un portavoz de un partido independiente de la Oposición, quien vio impedido su derecho a la participación política. La jueza, en su fallo, además de condenar en costas al Ayuntamiento, afea la conducta del primer edil, quien censuraba informaciones venidas del Tribunal de Cuentas, como es el caso de las comidas, de cuantiosas cantidades, del alcalde pagadas con la tarjeta municipal.
En esa línea, fuentes de la Corporación explican a elEconomista.es que el alcalde "se escuda en que lo que se pide no son documentos que formen parte de expedientes de esta administración, sino comunicaciones del Tribunal de Cuentas o de la Fiscalía".
No obstante, según la sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, la jueza desmonta esa argumentación. "La documentación solicitada obra sin duda en poder del Ayuntamiento sin que los preceptos de referencia exijan que dicha documentación obren en el Consistorio hayan de venir referidos a expedientes formalizados como tal, ni a un formato determinado o singularizado, es decir, no tienen que ser "propiedad", sino que pueden provenir de otros organismos, entidades o instituciones y que por el motivo que fuere obren y estén bajo la posesión de los servicios de la Corporación", a la par que defiende al edil solicitante "que está ejerciendo una labor constitucionalmente protegida como es la de controlar un gobierno".
Los denunciantes avisan de que "empezaremos a usar la vía penal" al entender que una conducta reincidente en este terreno podría conllevar una posible inhabilitación como cargo público del alcalde. Además, hacen una llamada al PSOE Federal, "esperemos que actúen porque no dudamos de que no podrán estar de acuerdo. El PSOE no gobierna en la capital, así que entendemos que es uno de los alcaldes de su partido más importantes en la Comunidad de Madrid", señalan para elEconomista.es.
Esta nueva condena se añade a la ya firme del TSJ de Madrid, también al mismo protagonista, en el mes de mayo, toda vez que quedan pendientes pleitos sobre la ausencia de transparencia.
