La operación de deshielo de las relaciones entre el Gobierno español y la Generalitat empezó llena de gestos y buenas palabras, pero la primera concreción material fue la reactivación de las cuatro comisiones bilaterales, órganos de negociación entre las dos administraciones sobre financiación y transferencias competenciales. El origen de dichas comisiones se remonta a los años 80 y han ido estrechamente ligadas al desarrollo del autogobierno catalán, aunque sus funciones se reforzaron con la aprobación del Estatut de 2006 y registraron un lustro de notable actividad hasta abandonarse por completo en 2011.
La comisión bilateral Estado-Generalitat es el marco "general y permanente" de relación entre las dos administraciones, especialmente en la participación del Govern en el ejercicio de las competencias de ámbito estatal que afecten a la autonomía. Se encarga de la distribución de funciones entre Estado y Generalitat, así como de resolver los conflictos competenciales. El órgano tiene un número similar de representantes de ambas partes y una presidencia rotatoria, así como una secretaría permanente, y debería reunirse dos veces al año "siempre que lo pida una de las partes".
La última reunión del órgano data de julio de 2011, antes de que Rajoy llegara a La Moncloa
Se constituyó en febrero de 2007 y desde entonces se ha reunido en ocho ocasiones, siempre durante los mandatos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La última reunión de este órgano fue en julio de 2011, pocos meses antes de la llegada del expresidente Mariano Rajoy a la Moncloa. Por la parte catalana, el tripartito de izquierdas liderado por José Montilla comandó la mayoría de encuentros, exceptuando la citada reunión de 2011, que ya se hizo bajo el mandato de Artur Mas (CiU). Desde entonces, la Generalitat pidió en tres ocasiones que se volviera a convocar la comisión, pero no recibió ninguna respuesta por parte del Gobierno español, según el Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia catalán.
En dichas reuniones se pactaron traspasos como la cesión parcial de Cercanías, el Hospital Clínico de Barcelona, o la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, además de otras competencias menores sobre comunicaciones electrónicas u ordenación del litoral, aunque se iniciaron estudios sobre otras transferencias que luego no se concretaron, como la gestión de los aeropuertos.
El órgano cuenta con tres comisiones: transferencias, infraestructuras y económica y fiscal
De este órgano bilateral cuelgan otras tres comisiones: económica y fiscal, transferencias e infraestructuras. La primera de estas se encarga de la financiación autonómica, así como de la cesión de tributos estatales a Cataluña, la contribución a la solidaridad interterritorial y los mecanismos de nivelación, la negociación del porcentaje de participación en los fondos estructurales europeos o la valoración de los traspasos de competencias. La comisión se ha reunido en nueve ocasiones entre 2007 y 2010 y se acordó el establecimiento de la ventanilla única tributaria o las condiciones de la cesión de determinados impuestos a la comunidad.
Por su lado, la comisión mixta de transferencias es la responsable de inventariar y valorar los activos del Estado que deberán pasar a manos de la Generalitat en el caso de cesiones competenciales y de redactar y aprobar los acuerdos de traspaso. Este órgano ya estaba previsto en el Estatut de 1979 y se actualizó con la aprobación de la nueva norma autonómica de 2006. En sus cincuenta reuniones, la primera en 1980 y la última en 2010, ha sido el órgano encargado de coordinar el desarrollo del autogobierno catalán y en sus orígenes supervisó el traspaso de competencias tan importantes como sanidad, educación, cultura, industria, agricultura, vivienda o universidades.
La comisión bilateral de infraestructuras tiene su origen en la disposición adicional tercera (DA3) del Estatut, que determina que las inversiones en obras públicas del Estado en Cataluña deben equipararse durante siete años a la participación catalana en el PIB español. Este órgano se reunió por primera vez en 2007 y nunca más volvió a funcionar. La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 estableció que la DA3 no es vinculante para el Estado en la planificación de su política de infraestructuras, pero el actual Govern ha cifrado en 3.808 millones la deuda del Gobierno español en concepto de dicha disposición. La Consellería de Territorio pedirá el traspaso completo de Cercanías en la primera reunión de esta comisión.
