"El consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación de libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes". Es el artículo 36 del convenio de Estambul en el que se basa la ley de Suecia sobre agresiones sexuales y que ahora pretende replicar el Gobierno español ante el escepticismo de los profesionales de la justicia.
El ejemplo sueco no es el primero pero sí el último. Desde el 1 de julio en Suecia está en vigor la norma que marca que el sexo sin consentimiento será considerado violación. El 'sí' en aplicación de esta ley debe ser "si se expresó con palabras, gestos o de otra manera".
La aprobación de la ley tuvo su altavoz en la publicación de la sentencia contra 'La Manada', en pleno auge de la indignación en España. Pero lo cierto es que Suecia siguió una estela que ya había pasado por otros países europeos que habían asimilado el convenio del Consejo de Europa de 2011 (aquí en .pdf) en sus legislaciones.
Esta ley establece que hay violación si existen violencia o amenazas, si la víctima es vulnerable o está indefensa (drogada, dormida...) y si el agresor aprovecha su superioridad de poder. Es decir, que además de al sexo por la fuerza, se considerará violación a la ausencia de consentimiento.
La clave, como explicó ayer la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, es sacar las interpretaciones de los jueces y magistrados de las sentencias. Las valoraciones de la escena -grabada en móvil en este caso- fueron uno de los puntos más polémicos en la condena de nueve años por abuso sexual -que no por agresión sexual- impuesta al grupo de amigos sevillanos, ahora en libertad provisional.
"Es una fórmula extraordinaria, no podemos estar interpretando. Si una mujer no verbaliza sí es no", dijo ayer Calvo sobre la ley sueca. Pero la tipificación de los delitos sexuales depende del Ministerio de Justicia, donde esperan la propuesta para dar los pasos que seguirían para encontrar la manera de reflejar el sí explícito en el Código Penal ante su eventual reforma.
Entre jueces y fiscales, la propuesta ha implantado una apreciación común: la incertidumbre sobre cómo plasmar el consentimiento
El anuncio no ha quedado libre de críticas, especialmente entre los profesionales de la justicia que ven tras la medida una reacción política al estallido social por el caso de 'La Manada'.
El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, da la "bienvenida a cualquier norma que proteja la libertad sexual de las mujeres" pero pide más detalles para poder valorar la propuesta del Gobierno. A su entender, hay que perfilar aspectos sobre cómo plasmar en papel qué se entiende o no por consentimiento o si éste puede ser revocado, por ejemplo.
También transmiten incertidumbre desde Foro Judicial Independiente (FJI). Aunque "desde el punto de vista ético y moral" es correcta la propuesta, creen que va a suponer un "problema jurídico de interpretación", precisamente lo que el Gobierno busca erradicar. Concepción Rodríguez González-Del Real, presidenta de FJI, apunta a este medio a la dificultad de "acreditar si has mostrado consentimiento porque no se firman documentos". Con la necesidad de la reforma del Código Penal como necesaria para avanzar la actual "regulación insuficiente", Rodríguez pide "perfilar la propuesta" para conseguir una redacción perfecta que no deje lugar a dudas.
Del lado de los fiscales, la propuesta no arrojó mucha más luz. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, espera "que no sea más que un anuncio que haya que pulir tremendamente", ha contado. Considera "una exageración" que "exclusivamente evite que se considere delito un consentimiento expreso" y apuesta por ser realistas con las situaciones de sexo ordinarias para evitar "situaciones imposibles". En este sentido, no cree que haya que eliminar por completo la interpretación de los jueces y teme que una reforma estricta deje inoperante la ley. "Hay matices en las relaciones sexuales, no solo es un 'sí'". Para Dexeus, tomar decisiones en caliente "a la luz de una sentencia concreta" no es la solución y apuesta por dar una vuelta a la tipificación de los delitos sexuales pero con sosiego. "Puede ser una propuesta demagógica pero no realista", ha advertido.
También consultado por este asunto, Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, ha evidenciado la dificultad de esta nueva tipificación y llama a una "reforma pausada" para evitar la confusión. Darán apoyo a nivel técnico, dice, para que la libertad sexual quede tipificada con la menor ambigüedad pero reconoce que erradicar toda interpretación es prácticamente imposible porque está intrínseca en la valoración de algunas pruebas. Pallarés se ha mostrado crítico con la propuesta porque supone "o todo o nada". Cree que la figura del abuso sexual desaparecería y que se pierde la proporcionalidad si no se matiza porque no todos los ataques sexuales tienen la misma intensidad. A su entender, la dificultad reside en que el sexo no es delito, "lo es cuando no hay consentimiento" pero en estos casos, recuerda, "no suele haber pruebas" por lo que demostrar que se consintió expresamente la relación sexual parece inviable y puede afectar a la presunción de inocencia si no se trata con rigor.
A la espera de más detalles, Calvo tendrá que trabajar con la Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación de Justicia para modificar los delitos sexuales y "blindarlos" con el consentimiento.
