La escalada de tensión en Cataluña durante la recta final del procés ha vivido la celebración de un referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional, la declaración de independencia de Cataluña, la intervención de la Generalitat -a través de la aplicación, por primera vez, del artículo 155 de la Constitución- y la restitución del autogobierno seis meses después de las elecciones autonómicas del 21-D. El día para intentar iniciar una desinflamación del conflicto ha llegado y las expectativas son inevitables ante la reunión de hoy entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Govern, Joaquim Torra.
Independencia y presos
La estrategia del president en su camino de preparación de la reunión de hoy ha pasado por transitar al límite de la legalidad, insistiendo en su discurso radical sobre la independencia y la proclamación de la república catalana, pero sin pisar las líneas rojas de la legalidad, para mantener movilizados a los independentistas, pero sin poner a Sánchez entre la espada y la pared. El líder soberanista recibió la llegada del secretario general del PSOE a la Moncloa con una oferta de "diálogo sin condiciones", aunque desde el principio dejó claro que su intención era avanzar en la hoja de ruta del independentismo. A medida que se acercaba la fecha del encuentro, Torra fue concretando su orden del día y reiteró que el tema central del 9 de julio debería ser la reclamación del derecho a la autodeterminación de los catalanes y la situación de los políticos soberanistas presos, que fueron trasladados la semana pasada hacia cárceles de Cataluña. En su defecto, el presidente catalán se mostró abierto a escuchar "la propuesta de los socialistas para Cataluña", es decir, la alternativa de Sánchez a la vía independentista.
En línea con este planteamiento, Torra descartó negociar en la reunión de hoy los 45 puntos que el expresidente catalán Carles Puigdemont le planteó al anterior jefe del Gobierno español Mariano Rajoy, y que incluyen temas como la financiación autonómica, la vivienda, la sanidad, la dependencia, o las cercanías. De hecho, el president dejó estos "incumplimientos" del Gobierno español para negociarlos en las recientemente reactivadas comisiones bilaterales Generalitat-Estado. De esta manera, Torra quiere centrar la reunión en explicarle a Sánchez su versión de cómo se ha llegado a la situación actual, por qué se celebró un referéndum el 1-O y luego se declaró la independencia de Cataluña, y qué efectos tuvieron el discurso del Rey del 3 de octubre y la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Las dos vías soberanistas
El vaivén de Torra entre la línea dura y los gestos de moderación frente a Sánchez tiene sus raíces en la división estratégica del soberanismo en esta nueva fase del procés. Las direcciones de ERC y el PDeCat intentan convencer a sus bases de volver a la casilla previa a la vía unilateral que condujo al referéndum del 1-O y a la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, es decir, retornar al intento de pactar con el Estado una consulta legal sobre el futuro político de Cataluña, un camino que abandonó el anterior Govern liderado por Carles Puigdemont.
En este sentido, la dirección de los republicanos apostó por dejar de lado el unilateralismo y aumentar la base social de apoyo a la independencia en su ponencia estratégica, aunque la militancia del partido acabó forzando que no se renuncie a "ninguna vía democrática y pacífica". Con todo, Esquerra ha sido el partido que más ha apostado por el posibilismo después de las elecciones del 21-D, presionando a Puigdemont por la constitución de un gobierno factible que no reincidiera en la ilegalidad.
En el PDeCat, voces tan destacadas como la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, o el portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, también afirman abiertamente que la prioridad ahora es ampliar el número de partidarios de la independencia y descartan repetir el camino del 1-O. No obstante, los críticos con la dirección reclaman alinearse con la plataforma electoral creada por Puigdemont (Junts per Catalunya), que sigue a ultranza la consigna de su líder de "defender la república catalana".
Gestos de la Moncloa
Por su lado, el Ejecutivo de Sánchez mantiene una clara consigna frente al nuevo Govern de Cataluña, que es la normalización de las relaciones institucionales, muy maltrechas tras seis años de proceso soberanista. De ahí el citado acercamiento a Cataluña de los políticos soberanistas imputados por sus actuaciones el 1-O y encarcelados hasta hace poco en distintas prisiones de Madrid. Lo mismo ha ocurrido con la reapertura adelantada de las comisiones bilaterales, que no se reunían desde 2011, el marco en el que los socialistas quieren desarrollar "compromisos con garantía de cumplimiento" en infraestructuras, inversión y financiación de la comunidad autónoma. En este clima de entendimiento, la Moncloa también señaló que trabajará para reducir la conflictividad que el Estado tiene con la Generalitat a través de querellas y demandas interpuestas en el Tribunal Constitucional.
