Política

La nueva fiscal general del Estado rechaza hablar de presos políticos y advierte a los independentistas

María José Segarra, este miércoles en el Congreso. Foto: EFE

La propuesta como nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, ha asegurado este miércoles en referencia al desafío independentista en Cataluña que en la España del siglo XXI "nadie está perseguido por sus ideas sino, en su caso, por la comisión de presuntos actos delictivos", al tiempo que ha apuntado que en nuestro país no se puede hablar de presos políticos.

Durante su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que examina su idoneidad al frente de la Fiscalía General del Estado, Segarra ha reiterado el compromiso del Ministerio Fiscal con el Estado de Derecho y la defensa de la legalidad vigente y ha aprovechado para aclarar que "no hay oposición de la Fiscalía sobre Cataluña". "Eso no existe", ha dicho.

"La ley nos vincula a todos, sin ley no hay democracia", ha apuntado en referencia a la deriva soberanista en Cataluña que se investiga tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, órgano este último que ha confirmado hoy el procesamiento del expresidente catalán Carles Puigdemont y los otros 24 investigados por su implicación en el 'procés'.

Con todo, Segarra se ha comprometido a respetar "siempre" las decisiones que se puedan adoptar "extramuros del procedimiento" (en referencia a las actuaciones políticas que se tomen respecto al conflicto catalán), pero ha aclarado que las que se adopten en la vía judicial "solo estarán regidas por el principio de legalidad y obediencia".

"Intoxicación periodística"

Segarra se ha pronunciado así ante los reproches formulados por los portavoces en la Comisión de Justicia del PDeCAT y de Unidos Podemos, Lourdes Ciuró y Jaume Moya, respectivamente, que le han afeado que durante su intervención se haya referido a la situación en Cataluña como "desafío independentista": "Ha sufrido una intoxicación periodística porque es una reivindicación de dos millones de catalanes", ha dicho Ciuró.

La diputada se ha interesado por saber si se va a abrir una investigación para dirimir si hubo o no "brutalidad" en la actuación de la Policía durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña y también le ha preguntado si la Fiscalía General del Estado tiene previsto retirar los cargos de rebelión contra los procesados en la causa penal que se sigue en el Tribunal Supremo o sedición en la Audiencia Nacional.

"¿Va a solicitar su excarcelación inmediata hasta que no exista sentencia firme como ha sucedido con el caso de 'La Manada'? El reto que tiene por delante no es menor; una grave crisis territorial en España que el Gobierno ha sido incapaz de afrontar. Se ha judicializado una cuestión que es política y se ha manipulado el Código Penal para adaptarlo a unas circunstancias inexistentes. ¿Qué va a hacer la fiscal general del Estado?", ha preguntado.

En respuesta la futura fiscal general del Estado ha afirmado que "como mera aspirante" a suceder a Julián Sánchez Melgar, antecesor suyo en el cargo, no va a disertar sobre "meras opiniones" aunque sí ha asegurado que se sentará a trabajar con los fiscales de los diferentes procesos penales abiertos sobre este asunto y que solo atenderán al principio de legalidad.

La Fiscalía no se quedará parada

"Más allá de los procedimientos en curso, está claro que cualquier violación de nuestro marco constitucional siempre llevará la enérgica, proporcionada y serena respuesta del Misterio Fiscal y cualquier otra decisión sería una dejación de funciones por mi parte", ha asegurado la hasta ahora fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Sevilla. En lo que respecta a la petición de que se reforme el Código Penal en relación al delito de rebelión, Segarra ha asegurado que es un asunto competencia del legislador.

Sobre los hechos relacionados durante la jornada del 1-O, la futura fiscal general del Estado ha recordado que se trató de una consulta que estaba prohibida por el Tribunal Constitucional y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaron para cumplir ese mandato judicial.

"Con estas premisas, el uso de la fuerza puede revestir parámetros de proporcionalidad, pero eso no implica que no se investigue y no se vayan a analizar todos y cada uno de los innumerables procedimientos de los juzgados de Cataluña para verificar si hubo uso de la fuerza proporcionado o desproporcionado", ha dicho en referencia a las cargas policiales ocurridas en algunos colegios cedidos por el gobierno de Carles Puigdemont para facilitar la votación.

Por su parte, la portavoz de ERC en esta comisión, Carolina Telechea, se ha manifestado en la misma línea que Ciuró al preguntar si cree que es posible un cambio de rumbo en relación a los procedimientos penales implicados en esta causa y ha añadido que "no ha existido nunca la violencia física", sino que Cataluña se alzó en acto de desobediencia civil cívica y pacífica".

Abuso de la prisión preventiva

El diputado del grupo confederal Unidos Podemos, Jaume Moya, se ha interesado por saber su opinión sobre si se están "abusando" de la prisión preventiva en casos como el de los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, en la cárcel desde octubre por su implicación en los incidentes ocurridos el 20 y 21 de septiembre durante los registros judiciales de la Consejería de Economía en Barcelona.

Esta situación de privación de libertad causa "sufrimiento" tanto a los acusados como a sus familias y "supone un ataque, una lesión a las estructuras del Estado de Derecho", ha añadido Moya, en referencia a los procesados por esta causa en prisión provisional, que son los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y los exmiembros del anterior Govern Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa.

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