Durante el eterno debate de la nueva financiación autonómica, que el Ejecutivo saliente del PP ha prorrogado desde 2014, ha habido momentos en los que Moncloa parecía proclive a un sistema que limitara la solidaridad de los territorios más maltratados fiscalmente, léase Cataluña o Madrid. El ascenso de María Jesús Montero a la cartera de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez supone un golpe a los partidarios de esa vía.
La hasta ahora consejera de Hacienda de Andalucía es una firme partidaria de poner más dinero en el futuro modelo -16.000 millones según la propuesta que su gabinete presentó este mismo año-, algo que negaba su predecesor en el cargo, Cristóbal Montoro, pero no para dotar de más fondos a comunidades más castigadas, sino a todas.
De hecho cree que Andalucía, para financiar de manera correcta sus servicios públicos, necesita unos 4.000 millones adicionales cada año. Y ello destacando criterios de población ajustada que tengan en cuenta el número de parados, de dependientes o de universitarios; o a la población en riesgo de pobreza, datos que pueden ser determinantes para que comunidades como la andaluza, la extremeña o la canaria resulten más beneficiadas si finalmente se reforma el sistema.
Como guiño a quienes son partidarios de más descentralización fiscal, María Jesús Montero también vería favorable que las autonomías recibieran mayor porcentaje de IVA y de Impuestos Especiales.
El de la financiación será, posiblemente, el mayor quebradero de cabeza al que tenga que enfrentarse la próxima ministra, más aún teniendo en cuenta las presiones que las autonomías gobernadas por el PSOE imprimieron al ministro Montoro para acelerar el debate de la reforma. Pero no será el único reto: embridar el déficit tendrá que ser su otra gran prioridad, y para ello cuenta con experiencia: Andalucía ha venido cumpliendo todos los años las exigencias de Hacienda, ministerio con el que Montero mantenía importantes desavenencias públicas pero con el que, en privado, mantenía una positiva interlocución. Es algo que reconocían los más cercanos al ya ex ministro Cristóbal Montoro.
La última de sus tareas, siempre desagradecida para quien ostenta la cartera de Hacienda, será la de frenar o limar iniciativas de otros compañeros de Gobierno por el siempre necesario rigor fiscal.
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