La Policía Nacional ha detenido este jueves a 30 personas y ha practicado una veintena de registros, en una macrooperación ordenada por el juez que investiga un desvío de más de dos millones en subvenciones para cooperación internacional de la Diputación de Barcelona, durante la primera etapa de CiU.
Según han informado fuentes cercanas al caso, la operación, dirigida por el titular del Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha acarreado la detención de Salvador Esteve, que presidió la Diputación de Barcelona entre los años 2011 y 2015, precisamente la etapa que está bajo sospecha por presunto fraude en la concesión de ayudas públicas.
Entre la treintena de detenidos en la macrooperación, que ha movilizado a unos 500 policías nacionales, figura además el subdirector general de Cooperación Local del Departamento de Gobernación Jordi Castells, a quien el juez atribuye un papel clave en el presunto fraude mientras dirigió el área de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona y sospecha que presionó a funcionarios para que emitieran informes favorables a la concesión de las subvenciones investigadas.Otro de los principales detenidos es Víctor Terradellas, fundador y directivo de las asociaciones CATmon e Igman, dos de las principales entidades que percibieron las ayudas bajo sospecha y de las que es socio fundador Francesc Dalmases, diputado de JxCat en el Parlament.
Denuncia anónima en 2011
El juez inició su investigación a raíz de una denuncia anónima mecanografiada que se remitió a los juzgados de Barcelona poco después de que CiU asumiera por primera vez la presidencia de la Diputación de Barcelona, en 2011, y que alertaba de un presunto fraude en la concesión de subvenciones procedentes de los fondos para cooperación internacional y desarrollo de la corporación.
La investigación, que ha llevado a cabo en los últimos dos años la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, destapó una presunta trama que desvió al menos dos millones de euros de subvenciones a entidades y empresas que utilizaban presuntamente facturación falsa para ocultar que los fondos no eran destinados a ningún proyecto de cooperación.
De hecho, los investigadores analizarán la documentación incautada en la veintena de registros practicados hoy para averiguar cuál era el destino final de esos fondos desviados, que todavía se ignora, y determinar si era para actividades privadas o "para fines públicos diferentes o ajenos a los de cooperación al desarrollo internacional de comunidades pobres", apunta el juez en sus autos de entrada y registro.
28 ayudas a la cooperación
En concreto, la investigación se centra en 28 ayudas para la cooperación internacional que la Diputación de Barcelona concedió supuestamente a dedo a empresas y entidades -algunas de ellas vinculadas a alcaldes del PDeCAT, según el juez-, en unos procesos de adjudicación que adolecen de numerosas irregularidades.
En algunos casos, según detalla el juez en sus autos, las memorias presentadas para justificar las subvenciones no eran más que "meras copias" de documentos de internet, las ayudas eran cobradas por una misma persona empleando dos identidades y las empresas perceptoras se crearon poco antes de que se otorgara la ayuda.
Otras irregularidades que menciona el juez es que se utilizaron actas sin firmar para justificar reuniones en el extranjero, se pagaron subvenciones dos años antes de la aprobación del proyecto por la corporación provincial y que se presentaron y pagaron las facturas antes de la entrega del trabajo.
En la operación de hoy también ha sido detenido Joan Carles García, alcalde de Tordera (Barcelona) por el PDeCAT y diputado provincial de Barcelona que, según sospecha el juez, formaba un presunto entramado con la Diputación de Barcelona y con el también investigado Joaquim Ferrer, miembro de la directiva de PIMEC que había trabajado para el grupo parlamentario de CiU y que dirige dos de las empresas investigadas por el supuesto fraude.
En libertad a las pocas horas
La mayoría de los detenidos en la operación policial han quedado en libertad en unas horas, a la espera de ser citados por el juez, aunque media docena de ellos pasará mañana a disposición judicial.
Tras quedar en libertad, Salvador Esteve ha asegurado a los periodistas que está "muy tranquilo" porque la Diputación de Barcelona es un organismo centrado "básicamente" en otorgar subvenciones y ha insistido en que todas las ayudas económicas acordadas en su mandato pasaron "todos los controles".
En la misma línea, la actual presidenta de la Diputación, Mercè Conesa, también del PDeCAT, ha denunciado hoy en rueda de prensa la "indefensión" que sufre el ente provincial, ha defendido la "honestidad" de su antecesor y ha negado cualquier desvío de fondos.
También en rueda de prensa en la Diputación, la portavoz de la CUP Maria Rovira ha recordado que su formación presentó junto a CGT una denuncia por irregularidades en la concesión de las subvenciones de la corporación, que facilitó al juez indicios del fraude finalmente destapado.
En la operación de hoy han intervenido unos 500 agentes de distintas unidades de la Policía Nacional, como la UDEF, Ciberdelincuencia, antidisturbios, Intervenciones Técnicas, GEOs y guías caninos, que han llevado a cabo 30 detenciones y 19 registros en Barcelona, las localidades barcelonesas de Mataró, Manresa, Sant Cugat del Vallès y Arenys de Mar; Girona; y en Falset y Reus, en Tarragona.
